Minería ilegal y violencia detienen producción de Las Bambas

Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del mundo, ha tenido que reducir –durante un ciclo mundial de precios altos– sus proyecciones de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) hasta por debajo de las 300,000 TMC. Sin embargo, en el primer semestre de este año apenas se produjeron 100,000 TMC. Las últimas proyecciones se desplomaron en alrededor del 60%.

Una de las causas de esta tragedia para el Perú y Apurímac está en los más de 500 días de bloqueos de las vías de transporte –desde que se inició la operación minera– que impiden trasladar el mineral de Las Bambas hacia el puerto. Igualmente, otro factor que reduce las proyecciones de producción anual de la megamina de cobre es la postergación de la producción del nuevo tajo Chalcobamba –ante el agotamiento natural del tajo de Ferrobamba– por la oposición de algunos dirigentes y sectores de comunidades. Estos sectores argumentan que no se han cumplido los procedimientos, no obstante que las consultas con la comunidad de Huancuire demoraron más de tres años y se agotaron todos los requisitos exigidos por la ley y por el Ministerio de Energía y Minas.

Los dirigentes y sectores radicalizados de Huancuire asaltaron el campamento minero y, ejerciendo violencia y fuerza, detuvieron el avance de Chalcobamba, a pesar que Las Bambas pagó en dos ocasiones a los mismos comuneros más de S/ 220 millones. Sin embargo, y he aquí la gran sorpresa, ¡Se acaba de descubrir socavones de minería ilegal en Chalcobamba, desarrollados por ilegales y comuneros de Huancuire! El Ministerio Público y la policía nacional del Perú (PNP) han constatado que en un área del proyecto de tajo Chalcobamba se desarrolla minería ilegal. 

Entre los mineros ilegales también están algunos comuneros de Huancuire que, unas semanas atrás, tomaron por asalto el campamento minero. Las recientes explicaciones de Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad de Huancuire, acerca de que los socavones de la minería ilegal provienen del Virreinato no son creíbles: se han encontrado carpas, herramientas y suministros del siglo XXI.

Conocidos todos estos hechos, vale preguntarse sobre cómo es posible que una de las diez minas de cobre más grande del planeta sea amenazada por no más doscientos violentistas e ilegales, que violan la Constitución y las leyes nacionales ante la vista y paciencia del Ejecutivo. Asimismo, vale interrogarse sobre cómo las autoridades del sistema de justicia del país han permitido que las áreas mineras se conviertan en zonas liberadas de la autoridad de la Constitución. 

¿Acaso no se entiende que Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y alrededor del 75% del PBI de Apurímac? Las preguntas también valen para los miembros del Congreso, que no se atreven a defender un proyecto minero clave para la reducción de la pobreza. 

Antes de que Las Bambas entrara en operaciones la pobreza en los 84 distritos de Apurímac sobrepasaba el 60% de la población. Luego del desarrollo de la mina, la pobreza descendió a menos de 40% en promedio. Y si hay dudas sobre el motor antipobreza que representa esta mina vale señalar que Las Bambas produce más de 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos.

Gran parte de esta tragedia se escenificó durante el primer semestre de este año, tiempo en que los precios de los minerales alcanzaron récords históricos. Una verdadera devastación para los pobres de Apurímac y para los ingresos del gobierno regional, los gobiernos locales y las universidades.

Sin lugar a dudas, el desgobierno nacional en que nos ha sumido la administración Castillo tiene en la situación de Las Bambas una de sus mayores expresiones.