MEF y oenegés de izquierda declaran guerra a ley de promoción agraria

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha convertido en el principal enemigo del dictamen de nueva ley de promoción agraria que se discute en el Congreso, y que propone un nuevo régimen tributario para el sector agrario con el objeto de convocar inversiones, incrementar la recaudación nacional y sacar a los más de dos millones de minifundistas –que conducen el 95% de las tierras agrarias– de la pobreza y de la agricultura familiar de sobrevivencia.

Para hacerlo, en el MEF se está echando mano de la demagogia, del discurso fácil e, incluso, por primera vez desde las reformas de los noventa, el sector Economía coordina estrechamente con las bancadas y los legisladores de la izquierda anti inversión para bloquear el nuevo proyecto de ley agraria.

Como todos sabemos, el dictamen que se discute en el Legislativo propone que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 unidades impositivas tributarias) sean exonerados del impuesto a la renta, mientras que las pequeñas unidades que vendan hasta S/ 721,000 (110 unidades impositivas tributarias) soles paguen el 1% en renta. En cuanto al régimen general se plantea 15% de impuesto a la renta entre el 2025 y el 2035, un crédito tributario sobre reinversión de utilidades en infraestructura, maquinaria, capacitación y proyectos de investigación e innovación. Igualmente se establece la depreciación acelerada y devolución anticipada de IGV.

Ante esta propuesta, a través del MEF se distribuyó un documento en que se planteaba una tesis absurda: que el Estado iba a perder S/ 1,900 millones anuales por el nuevo régimen tributario y que la medida solo iba a beneficiar a un puñado de empresas. ¿En qué momento el MEF se había pasado al eje estatista, colectivista y anti inversión?

La proyección del MEF no es correcta y encierra la mala intención de bloquear la iniciativa a cualquier costo, quizá por la urgencia de detener el desastre fiscal de la actual gestión de ese portafolio, sobre todo por los permanentes rescates de Petroperú, que acumulan cerca de US$ 5,000 millones desde el 2016 y una deuda que sobrepasa los US$ 8,000 millones.

Vale recordar que antes de la derogatoria de la anterior Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) algunos años atrás la recaudación tributaria del sector agrario se incrementó de una manera exponencial: se pasó de apenas de S/ 97 millones a más de S/ 826 millones anuales; es decir, los ingresos del Estado se multiplicaron por 8 veces. La recaudación nominal sin la derogada ley –que establecía un régimen tributario promocional– habría sido de S/. 2,200 millones, pero gracias al régimen promocional se recaudaron S/ 9,100 millones; es decir, S/ 7,000 millones más para el Estado.

Por otro lado, se ignora que en las últimas dos décadas el empleo formal en el sector creció de 460,000 en el 2004 a más de un millón –entre directos e indirectos– de la actualidad. Asimismo, con ese modelo se captaron más US$ 20,000 millones en inversión, y del total de empresas exportadoras el 80% de ellas corresponde a la pequeña agricultura. Una sinergia entre la pequeña, mediana y gran agricultura que el discurso izquierdista del MEF hoy parece ignorar.

A nuestro entender, el único sector de la economía que merece un régimen promocional tributario y laboral es el agrario, sobre todo porque la actividad económica se desarrolla sobre seres vivos (plantas, frutas y legumbres) que enfrentan plagas y enfermedades, que dependen de que no se altere la estabilidad del clima (lluvias, sequías y fenómeno de El Niño) y, sobre todo, porque la rentabilidad de la inversión agraria demora años en madurar.

En este contexto, las izquierdas antisistema hoy han encontrado en el MEF y las oenegés a dos grandes aliados en contra de la inversión agraria. En cualquier caso, el Perú necesita con urgencia una ley de promoción agraria para volver a relanzar el sector agroexportador en el que se ha perdido más de 30,000 hectáreas en inversiones y se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales mensuales luego de la derogatoria de la pasada ley de promoción agraria.