MEF y Minem, ¿las notas diferentes en el Gobierno?

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, anunció que el Ejecutivo proyecta prorrogar la exoneración de impuestos a la exploración minera y de hidrocarburos hasta el 2025; es decir, por tres años más. El anuncio lo formuló durante su intervención en Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2022, uno de los eventos mineros más importantes del mundo, que se llevó a cabo en Toronto (Canadá).

Graham llamó a los inversionistas mundiales a seguir confiando en el Estado de Derecho del Perú y sostuvo reuniones bilaterales con diversas corporaciones mineras del planeta. Igualmente, anunció que se simplificarán los trámites mineros y que el MEF buscará movilizar al Estado para redistribuir correctamente la renta minera a las poblaciones y comunidades adyacentes a las minas.

Considerando que el presidente Castillo presentó un proyecto de ley para convocar una constituyente –que fue archivada por el Congreso–, que el Ejecutivo ha alentado las nacionalizaciones y que Perú Libre ha presentado un proyecto de ley para nacionalizar el cobre, ¿cómo entender la posición abiertamente contraria a estas iniciativas del titular del MEF en el cónclave mundial en Canadá? La pregunta se vuelve más acuciante si reparamos que la misma posición empieza a expresar la ministra de Energía y Minas. Alejandra Herrera Jara, quien, en el mismo evento, planteó la necesidad de crear una identidad minera en la que confluyan los esfuerzos del Estado, el sector privado y las comunidades.

Considerando la conducta errática del presidente Castillo y su permanente incapacidad para gobernar es imposible sacar conclusiones definitivas sobre la naturaleza de las posiciones de los titulares del MEF y del Minem. Sin embargo, un hecho sí es incuestionable: la influencia de Perú Libre y de Vladimir Cerrón en el Gabinete ha comenzado a debilitarse. Por ejemplo, el relevo de Betssy Chávez del Ministerio de Trabajo (MTPE) y de Carlos Palacios del Minem, de una u otra manera, han alejado a los promotores de la asamblea constituyente en el Gabinete.

En cualquier caso, la viabilidad de todos los anuncios positivos con respecto a la minería, un sector clave para el crecimiento y la reducción de pobreza, dependerá de que el Estado y las instituciones recuperen el Estado de Derecho en las áreas mineras, hoy convertidas en zonas liberadas de la autoridad estatal, la Constitución y las leyes. Áreas bajo control de minorías radicales que imponen sus criterios en base a acciones de violencia.

El Perú es el segundo productor mundial del cobre y, debido al superciclo de precios de los minerales –sobre todo el del cobre– debería estar creciendo sobre el 6% y reduciendo más de tres puntos de pobreza anualmente. Sin embargo, el crecimiento apenas superará el 3% de acuerdo a diversas proyecciones, y casi es imposible seguir reduciendo el número de pobres con esos niveles de expansión económica. El Gobierno de Castillo entonces nos ha sacado del camino del crecimiento.

Cuando se discute de temas mineros siempre se debe tener presente algunas cifras que pueden explicar el éxito o el fracaso del Perú. La minería representa el 10% del PBI, el 12% del total de la inversión privada y más del 60% de nuestras exportaciones. El 2021, gracias al excelente sistema de tributación, la minería aportó al Estado más de S/ 14,000 millones, un récord de recaudación en toda nuestra historia republicana. 

De otro lado, vale recordar que el país tiene una cartera de proyectos mineros de más de US$ 53,000 millones. Y que de materializarse los mismos, el Estado podría recibir ingresos de más de S/ 350,000 millones.

De allí que cualquier buena noticia con respecto a la minería debe ser analizada y valorada correctamente.