Majes Siguas II: una oportunidad que no podemos desperdiciar

Por décadas, la promesa de una agricultura moderna, competitiva y sostenible en el sur del Perú ha sido postergada. Hoy, esa posibilidad vuelve a tomar forma con el proyecto Majes Siguas II, una obra de infraestructura hídrica sin precedentes que podría transformar el agro nacional. Con una inversión que supera los S/ 7,700 millones, este megaproyecto no solo representa un hito técnico, sino una oportunidad histórica para el desarrollo agrícola del país. Pero su éxito dependerá no solo de su ejecución física, sino de las decisiones políticas y legales que se tomen en paralelo.

Ubicado en la región Arequipa, Majes Siguas II busca irrigar 40,000 nuevas hectáreas de tierras actualmente improductivas, que se sumarán a las 16,000 hectáreas que ya están en producción gracias a la primera fase del proyecto. Además de un sistema de riego, el plan incluye la construcción de dos centrales hidroeléctricas que aportarán a la sostenibilidad energética de la zona. El proyecto promete generar más de 160,000 empleos directos e indirectos; de ese total, 83,000 se concentrarán en la etapa de construcción y otros 80,000 serán permanentes una vez que el proyecto entre en operación.

Los beneficios económicos son evidentes. Majes Siguas II puede convertirse en una de las principales palancas para expandir la frontera agrícola y potenciar la agroexportación en el sur del país. Perú ya cuenta con 250,000 hectáreas orientadas a la exportación de productos agrícolas, una cifra que podría incrementarse hasta 650,000 hectáreas si se concretan todos los proyectos hídricos actualmente en cartera. Esto abriría enormes oportunidades de desarrollo, generación de empleo y reducción de pobreza rural.

Sin embargo, convertir esa promesa en realidad requiere mucho más que riego. El principal escollo hoy no es técnico, sino político y estructural. Tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 —una decisión tomada por un Gobierno provisional y sin una propuesta alternativa sólida— el sector agrícola perdió uno de sus pilares de estabilidad jurídica y tributaria. Desde entonces, la formalidad laboral en el agro ha retrocedido más de 10%, según cifras del INEI, y la inversión privada se ha desacelerado notablemente.

La experiencia muestra que la ley eliminada fue decisiva para atraer capitales, formalizar empleo rural e impulsar la competitividad del agro. Durante su vigencia, la pobreza en zonas agrícolas cayó de 81% a 30% y más de un millón de trabajadores accedieron a empleos formales. Su eliminación sin reemplazo dejó un vacío legal que sigue afectando a miles de pequeños y medianos productores, hoy atrapados en un sistema sin incentivos ni seguridad jurídica.

Para que Majes Siguas II no termine siendo un elefante blanco, el Estado debe asumir su rol con responsabilidad. La aprobación de una nueva legislación agraria ya no es opcional: se necesita un marco normativo que incentive la inversión privada, fomente la formalización y articule a los pequeños productores con el mercado El Congreso discute actualmente una propuesta que apunta en la dirección correcta. Entre sus medidas destacan la exoneración del impuesto a la renta para pequeños productores, créditos tributarios por inversión en tecnología y mecanismos de apoyo para la asociatividad. Estas herramientas pueden marcar la diferencia si van acompañadas de un compromiso estatal sostenido y de políticas complementarias que aseguren infraestructura secundaria como caminos de acceso, centros de acopio, redes de frío y acceso real al crédito rural.

Otro aspecto crítico es la propiedad de la tierra. Más del 95% de las parcelas en el país tiene menos de cinco hectáreas, lo que perpetúa una agricultura de subsistencia con baja productividad y escasa capacidad de inversión. El reto no está en desplazar al pequeño agricultor, sino en integrarlo a un nuevo modelo productivo más moderno y eficiente. Para ello, es clave la asistencia técnica, el riego tecnificado y el fortalecimiento de cooperativas o asociaciones agrarias.

Además, es indispensable que se garantice la protección legal de los terrenos agrícolas destinados al proyecto. El reciente desalojo de invasores en terrenos del PEIMS en Arequipa es una señal positiva, pero debe acompañarse de una vigilancia constante. La ocupación ilegal de tierras públicas no puede tolerarse ni normalizarse. El Perú necesita una visión de largo plazo para su agricultura. Y esa visión empieza por reconocer que el agua, bien gestionada, puede ser mucho más que un recurso: puede ser la base de una transformación estructural que beneficie a millones

Majes Siguas II es una oportunidad que el país no puede desperdiciar. En un contexto económico marcado por la desaceleración y el avance de la informalidad, el agro puede ser un motor de crecimiento, siempre que se le brinden las condiciones necesarias para desplegar su potencial. Las obras están en marcha; ahora es el turno del Gobierno y del Congreso de asegurar el entorno legal y político que permita que esta inversión se traduzca en desarrollo real y duradero.