Los productores de papa y la titulación

El reciente conflicto generado por los productores de papa de las regiones de Huánuco, Huancavelica y Junín —por la sobreproducción de la variedad única de papa blanca— ha puesto en evidencia la situación de cientos de pequeños productores agrarios que todavía subsisten sembrando en pequeñas parcelas no mayores a las tres hectáreas (ha). Pequeños agricultores que, según datos de diferentes fuentes del sector agrario, son parte de las 711,311 familias que se dedican al cultivo de papa, de las cuales el 95% se ubican en la sierra y el 5% en la costa.

La situación de pobreza de esos pequeños productores agropecuarios del país es incuestionable, y se explica por la baja productividad de la agricultura tradicional. esa baja productividad es común en los minifundios por falta de criterios de asociatividad, ausencia de un sistema de derechos de propiedad, déficits de infraestructuras y un Estado que no informa sobre la evolución de los precios en los mercados, y que tampoco fomenta la producción para la exportación. El resultado de todo ello fue el conflicto papero que obligó al Estado a comprar la sobreproducción del tubérculo en contra del modelo económico.

La tendencia al minifundio —por falta de asociatividad— es alarmante en nuestro agro. Según los resultados del Censo Agropecuario 2012, en 1993 existían 1.7 millones de unidades agropecuarias, mientras que ahora superan los 2 millones. Pero el gran problema es que las unidades agropecuarias hoy tienen una extensión promedio de solo dos hectáreas, mientras que en 1993 era de 3.2 hectáreas. Es decir, el minifundio avanza convirtiendo a nuestra agricultura en una agricultura de macetas.

Otro de los grandes problemas es la falta de titulación de tierras, que no permite a los minifundistas conectarse con el mercado. La mayoría de las 711,311 familias que cultivan papa en 19 regiones está en esa situación y, de una u otra manera, de esa ausencia de derechos de propiedad derivan la falta de asociatividad y la distancia de los mercados. Por supuesto, también está la incuestionable responsabilidad del Estado.

Con la Reforma Agraria, durante la dictadura de Juan Velasco, entre 1969 y 1971, se expropiaron numerosas tierras agrícolas. En Junín, por ejemplo, la Sociedad Ganadera del Centro y los fundos Punto, Runatullo y Callanca, entre otros, dejaron de ser tales como consecuencia de esa reforma. Muchos de esos fundos y haciendas terminaron como Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y Cooperativas Agrarias de Producción, cada una bajo una administración política que liquidó totalmente todo lo poco o mucho que se había avanzado en el sector agropecuario.

Con los años, cuando Sendero Luminoso inició lo que llamó “la guerra popular del campo a la ciudad”, mucha gente de los pequeños poblados y anexos abandonaron sus hogares para buscar protección en las ciudades más cercanas. Igual sucedió con quienes todavía habitaban esas SAIS y cooperativas agrarias. Los pocos campesinos y propietarios que quedaron después de la reforma agraria, salieron apresurados de las parcelas y abandonaron sus viviendas de la noche a la mañana. En los años noventa, después de la derrota del senderismo y de la pacificación, algunos de esos agricultores y propietarios intentaron recobrar sus tierras. Muchas de esas parcelas ya estaban ocupadas por “nuevos propietarios”.

El evento de sobreproducción de papa debería, entonces, servir para entender la crítica situación de los pequeños parceleros y las fórmulas que el Estado debe desarrollar para elevar la productividad de los pequeños agricultores. Y entre las medidas importantes, indudablemente, está la titulación de las parcelas, que se resuelve aclarando la posesión y la titulación. Y si es antes, mucho mejor, para evitar la perjudicial atomización de los sembríos.