¡Las Bambas: ¡se quiebra régimen de propiedad para estatizar minas!

La reunión entre los representantes de las comunidades de Challhuahuacho y Coyllurqui (de la provincia de Cotabambas, en Apurímac), el Gobierno y la minera MMG-Las Bambas terminó en fracaso. El motivo: los dirigentes exigen que las comunidades participen con el 50% de las utilidades de la operación de MMG-Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta. 

De esta manera la crisis en Las Bambas parece no tener salida. Desde la última invasión del campamento minero el pasado 14 de abril se han perdido US$ 400 millones en exportaciones y el Estado ha dejado de percibir S/ 220 millones en impuestos (renta, canon, y regalías). El gobierno central y el gobierno regional de Apurímac son afectados por igual.

Sin embargo, lo más grave de todo es que la demanda de los dirigentes comunales –que ejercen violencia y asaltan el campamento minero para “negociar”– es que, en la práctica, propone la estatización de facto de MMG- Las Bambas cuando se plantea “participar del 50% de las utilidades”. 

Si recordamos que, a través del sistema tributario minero las empresas contribuyen con alrededor del 47% de las utilidades al fisco nacional es incuestionable que estamos frente a una propuesta clara de estatizar a la mencionada mina. A nuestro entender, lo que está sucediendo en Las Bambas solo es la punta de un iceberg de una estrategia que busca la estatización de las minas del cobre a través del empoderamiento de minorías radicales, que ejercen violencia sobre la propiedad minera y plantean negociaciones absolutamente inadmisibles para las compañías extranjeras que invierten en nuestro país.

Si en el Perú existen injusticias en la redistribución de la renta minera –injusticias que se expresan en falta de carreteras, escuelas y postas médicas en las zonas mineras–, solo es de exclusiva responsabilidad del Estado. Para graficar las cosas: gracias al sistema tributario minero, el sector aportó al Estado más de S/ 18,000 millones en el 2021, una cifra récord en tributación en toda la historia republicana. Asimismo, en la última década la minería aportó más de S/ 40,000 millones a los gobiernos subnacionales en canon. ¿En dónde están las obras?

Es evidente entonces que se pretende estatizar MMG-Las Bambas, una megainversión de talla mundial de más de US$ 10,000 millones. A partir de allí la estatización de las demás minas solo sería cuestión de tiempo, y el sueño de una PDVSA del cobre en el Perú se convertiría en una posibilidad para el Foro de Sao Paulo y Perú Libre.

El Ejecutivo alienta a que las minorías radicales se enfilen contra las minas, promoviendo demandas inconstitucionales e ilegales, tal como sucedió durante las gestiones de la Presidencia del Consejo de Ministros de Guido Bellido y Mirtha Vásquez. Igualmente, el Gobierno promueve esta situación renunciando a ejercer la autoridad democrática y a aplicar la Constitución y la ley frente a la anarquía violentista en las áreas mineras. 

Sin embargo, las instituciones del sistema de justicia, igualmente, tienen responsabilidad al inhibirse en investigar y procesar a quienes violan la constitucionalidad y las leyes ejerciendo violencia, y afectando la propiedad pública y privada en las áreas mineras.