La violencia actual empezó en el corredor minero y en Las Bambas

El proceso insurreccional que desarrollan vanguardias comunistas y sectores radicalizados en contra de la Constitución y el Estado de derecho –mediante el bloqueo de las vías nacionales para desabastecer las ciudades y destruir la producción, a través de intentos de destrucción de aeropuertos y ataques sistemáticos a comisarías–, durante el año y medio de Gobierno de Pedro Castillo, tuvo su laboratorio de ensayo en el llamado corredor minero del sur, en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional.

Durante el Gobierno de Castillo el corredor vial del sur fue bloqueado una y otra vez y, de una u otra manera, se dinamitó la posición del Perú como segundo productor mundial del cobre. Los bloqueos eran desarrollados por minorías de algunas decenas, mientras el Estado de derecho renunció a enfrentar la estrategia violentista de estos grupos: ni la policía nacional (PNP), ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial detuvieron a las minorías ni restauraron el imperio de la Constitución y las leyes.

El ensayo colectivista en el corredor minero del sur entonces funcionó. De allí que luego del golpe fallido de Castillo, el corredor vial permanezca bloqueado y se hayan producido ataques y violencia en contra de las minas Anabis, Antapaccay, Constancia y Las Bambas. En este contexto, Las Bambas, una de las diez empresas de cobre más grande del planeta, acaba de anunciar en Hong Kong que, debido a las interrupciones en el transporte del corredor minero del sur, se ha visto obligada a desacelerar su producción. En el comunicado se agrega que si las cosas no cambian se interrumpirá la producción de cobre a partir del 1 de febrero del 2023.

Las Bambas está emplazada en Apurímac, en el llamado corredor minero del sur –de más de 482 kilómetros de longitud– que une las minas más importantes de las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno. Es decir, forma parte de un cordón de riqueza minera bloqueada por la estrategia violentista de los núcleos radicales y antimineros.

Las Bambas representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos de la región Apurímac. Para entender la enorme trascendencia de esta megamina vale señalar que antes de Las Bambas, la pobreza en los 84 distritos de Apurímac sobrepasaba el 60% de la población, y luego de la inversión minera se redujo debajo del 40%. 

Cabe destacar que con cada día de paralización de Las Bambas, la región Apurímac deja de percibir más de S/ 3.2 millones, el Estado deja de recaudar cerca de S/ 6 millones y se pierde en exportaciones más de US$ 9 millones. Sin embargo, desde el inicio de las operaciones en el 2016, Las Bambas acumula cerca de 580 días de bloqueos que impiden trasladar el mineral al puerto y desabastecen de insumos la producción de la operación minera. 

Por otro lado, el año pasado una decena de pobladores de Huancuire invadió el tajo Chalcobamba para desarrollar minería ilegal a vista y paciencia de todos. De esta manera el Estado de derecho, la Constitución y los contratos firmados por el Estado se hicieron trizas frente a la acción de estas minorías ilegales. Lo más grave de todo es que la producción del tajo Chalcobamba es clave para que Las Bambas recupere sus proyecciones de producción ante el agotamiento natural del tajo Ferrobamba, en explotación desde el inicio de las operaciones.

Semejante estado de cosas explica que se produzca un verdadero crimen social para los pobres de Apurímac y del sur: en pleno ciclo de precios altos para el cobre, el año pasado, Las Bambas produjo cerca de 240,000 toneladas métricas de cobre (TMC), no obstante que es una mina con una proyección de 400,000 TMC anuales.