La oposición sigue sin defender inversiones y empleo

La Comisión para la Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi se convirtió en la primera línea de defensa de la inversión y el empleo cuando declaró la inaplicación general del decreto supremo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíbe la tercerización laboral en las principales actividades de las empresas. Como ya se ha informado, semejante prohibición pone en peligro 250,000 empleos directos y más de un millón de indirectos. Por otro lado, la elevación de los costos en las empresas –gas, electricidad, telefonía– terminará impactando en los costos de estos servicios.

Y si a esto le agregamos otro decreto del MTPE –que fomenta la sindicalización por fábrica, rama, grupos empresariales y liberaliza en extremo el derecho de huelga– es evidente que, desde el sector Trabajo, se busca adrede ahogar el crecimiento de la inversión privada o existe un desconocimiento de las reglas generales de la economía.

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la indiferencia del Congreso, o de la mayoría legislativa que archivó el proyecto de una asamblea constituyente, frente a los mencionados decretos del MTPE. En cualquier Legislativo, con otro tipo de representación, las mencionadas normas ya habrían sido derogadas al término de la distancia.

Vale recordar que la legislación laboral de un país es un asunto capital que tiene que ver con el modelo de sociedad y de economía consagrado en la Constitución. Los señalados decretos del MTPE forman parte de una sociedad con un Estado empleador; es decir, con un Estado que controla la mayor parte de la economía a través de empresas estatales y es el principal proveedor del empleo. Ya sabemos las tragedias que han causado estos modelos: inflación y mayoría de la sociedad en pobreza.

Muy por el contrario, en el Perú solo existe un 25% de la población bajo pobreza –a pesar de los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones– porque el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales, y desde los sectores formal e informal, se provee el 80% del empleo. Las empresas privadas, a diferencia de las estatales, si no mantienen niveles mínimos de productividad (suma de capital y trabajo, entre otros, para producir), simplemente desaparecen en medio de la competencia del mercado. En otras palabras, las empresas producen riqueza sobre la base de la productividad. 

Los comunistas, por el contrario, creen que la riqueza se cosecha de los buenos deseos, que se proclaman derechos y que se distribuye riqueza por decretos. Los colectivistas siempre han actuado de esa manera, y los modelos estatistas se han convertido en verdaderas fábricas de pobreza. Allí están todos los resultados del siglo XX y del XXI.

La realidad universal nos ha demostrado una verdad difícil de rebatir: la única fuente de bienestar y prosperidad es la inversión privada y la innovación empresarial. El avance de los trabajadores ha continuado a contracorriente de todos los relatos marxistas y comunistas: allí donde la legislación laboral promueve la inversión privada y facilita la innovación, los trabajadores en general alcanzan niveles de bienestar inimaginables. 

Por ejemplo, la legislación laboral en Estados Unidos es abiertamente pro empresarial, mientras que la normatividad laboral en Corea del Norte, Cuba y Venezuela se define “pro trabajador”. ¿Alguien duda de los resultados? ¿Alguien se atrevería a emigrar a un país con legislación “pro trabajador”? Imposible.

Por todas estas consideraciones, es hora de recordarle a los congresistas y a la oposición en general que el debate sobre el régimen laboral de un país tiene la misma importancia que la polarización alrededor de la asamblea constituyente o la propuesta de nacionalizar los recursos naturales. En ese sentido, no debería sucederse un día más para derogar los decretos del MTPE en contra de la inversión y el empleo.