La minería moderna hace la diferencia en el sur

Las regiones mineras del sur del Perú tienen mayores inversiones en infraestructuras y servicios básicos, señaló Gabriel Daly, gerente general de la Confiep, durante una de las sesiones descentralizadas Rumbo a Perumin, uno de los mayores eventos mineros en la región. Daly explicó que el acceso a la electricidad, el agua y el desagüe, en Tacna, es del 85%, mientras que el promedio nacional es de 70%. La cobertura de los mencionados servicios en Moquegua es de 83% y en Arequipa de 77%.

Durante la exposición de Daly quedó en evidencia la relación entre inversiones mineras, infraestructuras y menos pobreza. Por ejemplo, la pobreza en Tacna llega al 10% de la población, no obstante que el promedio nacional es del orden del 26%. En Arequipa este flagelo afecta al 12% de la población y en Tacna al 22%.

El contraste es hiriente con respecto a las regiones mineras del norte, sobre todo Cajamarca, región que alberga a varios de los distritos más pobres del Perú, con un promedio regional de pobreza de casi 40% de la población. En esa región el llamado “cinturón de cobre del norte” está paralizado por los conflictos sociales y la acción del radicalismo antiminero: Conga con una inversión de US$ 4,800 millones; La Granja con una inversión de US$ 5,000 millones, El Galeno con US$ 3,500 millones y Michiquillay con US$ 2,500 millones. Como todos sabemos, por la paralización de las minas de Cajamarca, el Perú deja de producir cerca de un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) que podrían sumarse a los 2.5 millones de TMC que el país produce anualmente.

Cualquiera sea el ángulo de análisis, la minería es una de las claves para superar la pobreza y alcanzar la prosperidad. Ahora bien, los avances económicos y sociales de las comunidades y las poblaciones de las áreas mineras dependen de la eficiencia del Estado y de los gobiernos en la distribución de la renta minera, que pagan las empresas a través de los impuestos. Por ejemplo, la minería en el 2021 pagó S/ 14, 000 millones en impuestos. Por otro lado, en la última década la minería aportó S/. 40,000 millones por concepto de canon a los gobiernos subnacionales. La pregunta es entonces, ¿por qué en algunas regiones mineras no hay avances significativos en sistemas de agua, desagüe y electricidad? El Estado está fracasando en distribuir la renta minera. Allí está la pobre ejecución presupuestal de los gobiernos regionales, que apenas sobrepasan el 61%.

Por todas estas consideraciones, lo que está sucediendo con Las Bambas es un verdadero crimen en contra de los pobres del país. La mencionada empresa minera acumula cerca de 500 días de paralizaciones por acción de las minorías radicales, no obstante que es la única explicación de que la pobreza en los 84 distritos apurimeños haya descendido del 60% de la población a debajo del 40%. Obviamente las cosas habrían avanzado más rápido si el Estado hubiese cumplido con su responsabilidad de distribuir adecuadamente la renta minera.

Siempre vale recordar que la minería moderna representa el 60% de las exportaciones, el 10% del PBI y el 12% del total de la inversión privada. Igualmente, vale subrayar que si el Perú ejecutase su cartera de proyectos mineros –que suma US$ 53,000 millones– se podrían generar dos millones de empleos formales en el país. Y, aunque parezca mentira, los mayores beneficiados de estas inversiones serían las regiones y los sectores pobres concentrados en las áreas rurales.

Oponerse a la minería moderna, entonces, es un crimen social.