Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
El diario Gestión acaba de informar que, en el proyecto de presupuesto general de la República del 2023, los ingresos de los gobiernos regionales y locales se han incrementado en S/ 10,000 millones. En el caso de los gobiernos regionales el incremento es de más de S/ 3, 800 millones, mientras que el aumento en los gobiernos locales suma más de S/ 6,200 millones. El incremento se explica por una nueva distribución del Fondo de Compensación Regional, situación en que tiene mucho que ver los incrementos al canon minero por los buenos precios de los minerales, sobre todo el del cobre.
Como todos sabemos el 2021 el sector minero aportó alrededor de S/ 18,000 millones al erario nacional en renta, regalías, impuesto especial a la minería (IEM) y gravamen especial de minería (GEM). Una suma que representó cerca del 250% de los aportes del 2020, que llegaron a más de S/ 8,000 millones. Si bien los precios de los minerales han descendido en alrededor del 20% en el segundo semestre de este año, igualmente los aportes mineros seguirán muy por encima de los del 2020.
Y si consideramos que el 50% de la renta minera se transfiere por canon, entonces, tenemos la explicación de que los gobiernos regionales y locales cada vez cuentan con más recursos fiscales. La minería entonces se ha convertido en la principal fuerza descentralizadora del país.
Sin embargo, lo que sorprende en extremo es la posición de algunas autoridades regionales con respecto a la minería en general. El caso de Cajamarca es lamentable. La señalada región hoy tiene algunos de los distritos más pobres del Perú, no obstante que podría alcanzar uno de los ingresos per cápita más altos del país, si lograra ejecutar su cartera minera de más de US$ 16,000 millones.
En Cajamarca, los proyectos mineros de Conga, La Granja, El Galeno y Michiquillay, entre otros, podrían aportar un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a la producción anual de 2.5 millones de TMC de todo el país. Sin embargo, la mayoría de proyectos están paralizados por las campañas anti inversión de las autoridades. Pero no solo los pobres de Cajamarca son afectados por estos bloqueos a las inversiones, sino todo el Perú: si el cinturón de cobre del norte estuviese en desarrollo, el Perú podría crecer por encima del 5% anual y reducir varios puntos más de pobreza.
El Perú, pues, es un mendigo sentado sobre un banco de minerales y prosperidad. Mendigo en el sentido de que más del 25% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Al respecto vale recordar que el país tiene una cartera de inversiones mineras que superan los US$ 53,000 millones, que podrían generar más de dos millones de empleos formales e ingresos al Estado por más de S/ 350,000 millones.
Para comprender el potencial de la minería vale señalar que en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se proyecta que –si se mantiene el superciclo de los precios de los minerales– entre el 2022 y el 2026, el sector minero podría aportar más de S/ 85,000 millones al fisco, una cantidad récord en la historia republicana.
¿Cómo entonces puede haber autoridades locales que desarrollen campañas en contra de la minería nacional?
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