La minería es el motor de reducción de pobreza

El 2018 ha sido considerado como un año bueno para las inversiones mineras: US$ 5,000 millones, 25% más que las de 2017. Para finales de 2019 se prevé un crecimiento de 20% con respecto año anterior. Francisco Ísmodes, ministro del sector Energía y Minas (MEM), ha señalado que el Perú tiene una cartera de proyectos mineros que suma más US$ 58,000 millones.

Por el alto potencial geológico y la energía barata, en comparación con otros países, el Perú es atractivo para las inversiones mineras. Según el informe del Instituto Frazier del 2017, publicado en febrero pasado, entre 104 países, el Perú ocupa el décimo noveno lugar en cuanto atracción de inversiones mineras. En el mismo reporte Chile ocupa el octavo lugar. No obstante que nuestro país tiene todas las posibilidades de convertirse en una potencia minera, los problemas vinculados con la percepción política, regulaciones y políticas de Estado, y el apoyo social de las áreas adyacentes a los proyectos mineros, bloquean el despegue.

A pesar de todo el potencial del país, las inversiones mineras deben superar la enorme telaraña de normas y procedimientos para alcanzar la licencia de operación respectiva. La denominada “tramitología” —de normas, certificados y permisos— detiene el desarrollo de los proyectos de inversión. Desde hace veinte años, distintos ministerios y organismos del Estado, han creado reglamentos con singulares y repetitivas exigencias a los proyectos mineros: desde los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Cultura y Agricultura y gobiernos regionales hasta instituciones como la Dirección de Capitanía de la Marina, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La|sobrerregulación a las inversiones mineras ha determinado que los procedimientos se hayan incrementado de 25 a 250.

La minería tiene un fuerte impacto en la economía nacional, en la renta y en el crecimiento del producto bruto interno. Las exportaciones de mineral producen divisas que equilibran la balanza comercial. Además, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), por cada puesto directo creado en una inversión minera se generan seis indirectos.

De acuerdo a diversas instituciones relacionadas con recursos humanos, la minería es el sector productivo que sigue atrayendo a los más jóvenes y a los trabajadores más talentosos de todas las profesiones. Asimismo, un importante número de mujeres trabaja para el sector minero, sumando el 3% del total de la fuerza laboral. Se estima que más 5,000 mujeres están en el sector. Si los proyectos concesionados comenzaran a operar —superando los graves problemas sociales—, se calcula que unas 300,000l personas trabajarían en el sector en el 2020.

Según los investigadores del Centro Bartolomé de Las Casas, de Cusco, S/ 27,000 millones fueron transferidos a los gobiernos locales por concepto de canon minero entre 2001 y 2012. Han estimado que esas transferencias impactaron positivamente tanto en los hogares rurales como en los hogares de las zonas urbanas.

La mina Constancia, por ejemplo, es uno de los protagonistas principales de esos impactos positivos en la población de Cusco. La transformación de la provincia de Chumbivilcas —y de sus distritos Livitaca, Velile y Chamaca— es una realidad incontrastable. Desde el primer día, la minera Hudbay coordinó con los representantes de las comunidades campesinas y autoridades locales la ejecución de programas vinculados directamente a la educación, salud, cuidados del medio ambiente y actividades económicas de los pobladores. La idea era cambiar la situación social y económica de los poblados. Pese a estos círculos virtuosos, el movimiento antiminero no descansa e insiste en detener la producción de cobre en el país. ¿Cómo puede haber peruanos que pretenden bloquear las inversiones y el progreso para los más pobres?