¿Hasta cuándo Las Bambas seguirá bajo amenaza?

Ayer se retomó el diálogo entre las seis comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Purmamarca y Chuicuni y la empresa Las Bambas alrededor de supuestos “conflictos sociales”. Las diferencias entre la población y las empresas con respecto a una inversión minera deberían ser parte de la normalidad. Sin embargo, que los dirigentes del radicalismo antiminero, asesorados por abogados inescrupulosos, amenazan con ejercer violencia, bloquear carreteras y paralizar la producción –si la negociación no prospera– resulta absolutamente inadmisible en un Estado de Derecho.

El problema se agrava cuando se busca adrede el conflicto y la violencia: los dirigentes radicales sostienen que se debe discutir nuevas demandas, no obstante que el diálogo se estableció para revisar el cumplimiento de los acuerdos previos. En este año, Las Bambas acumula más de 50 días de paralizaciones por la violencia y, desde el inicio de las operaciones mineras, ya se suman cerca de 500 días perdidos de producción. Semejante situación ha llevado a MMG-Las Bambas a reducir en 60% sus proyecciones de producción de toneladas métricas de cobre (TMC): el primer semestre se produjo 100,000 TMC cuando las proyecciones para este año eran de 320,000 TMC.

Quizá la crisis en Las Bambas sea una de las más claras demostraciones del fracaso del Gobierno y de la destrucción nacional que ha desatado. Una inversión de más US$ 10,000 millones, que representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% del PBI regional, puede ser paralizada por no más de 300 personas, porque el Ejecutivo ha renunciado a hacer respetar el principio de autoridad y a aplicar la Constitución y las leyes.

No importa el ángulo de análisis que se desarrolle, Las Bambas, emplazada en la región Apurímac, ha producido un antes y un después en la señalada región desde el inicio de sus operaciones. Las Bambas genera más de 8,000 empleos directos y cerca de 75,000 indirectos. Antes de la operación minera la pobreza en los 84 distritos de la región superaba el 60%. Luego del inicio de la actividad minera la pobreza descendió debajo del 40%.

Diversas proyecciones económicas señalan que entre el 2016- 2022, por los conceptos de canon y regalías, Las Bambas llegará a transferir cerca de S/. 1,858 millones. Una cantidad significativa si se compara con las transferencias que recibe el Gobierno Regional de Apurímac. Semejante suma, por ejemplo, representa casi todo el presupuesto de inversiones de Apurímac. Igualmente, las transferencias de la mina en el señalado periodo suman más de tres veces el presupuesto de educación y 12 veces el presupuesto en transportes de la señalada región.

Las transferencias por canon y regalías se distribuyen a la región, a los municipios –sobre todo aquellos emplazados en las zonas de influencia directa– y a las universidades. Por ejemplo, de las transferencias acumuladas entre el 2016 y 2021 (un total de S/ 1,464 millones) el gobierno local de Challhuahuacho ha sido el más beneficiado, con una participación del 26.5%. La región recibió el 15% del total y a las dos universidades regionales se les asigna un 2.5% de las transferencias.

En este contexto, vale preguntarse, ¿hasta cuándo el Ejecutivo y las autoridades seguirán renunciando a aplicar la Constitución y las leyes frente a la espiral violentista que paraliza la producción minera? ¿Hasta cuándo en el sistema de justicia se permitirá que minorías violentistas violen los derechos al libre tránsito, a la vida y a la salud?

Si el Estado no recupera el principio de autoridad democrática en Las Bambas y en las demás regiones mineras, la minería moderna, de una u otra manera, desarrollará el capítulo final de un ciclo de inversiones minera que ha contribuido a reducir la pobreza como nunca antes en la historia.