Gobierno avanza en colectivizar relaciones laborales, ¡avanza en constituyente!

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 014-2022-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que modifica radicalmente el reglamento de negociaciones colectivas y el derecho a huelga, sin consultar con el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Asimismo, el decreto contraviene criterios generales de la Organización Internacional del Trabajo sobre cómo legislar en relaciones laborales (sobre todo en el aspecto tripartito del proceso: Estado, trabajadores y empresarios).

El mencionado decreto, en términos generales, busca empoderar a los sindicatos promoviendo la afiliación y formación de estos organismos de los trabajadores y liberalizando la actuación sindical. Se flexibiliza en extremo el derecho de huelga y se recorta las posibilidades de una empresa para enfrentar esta situación. Igualmente se fortalece la negociación colectiva por rama y se señala que solo el sindicato puede acudir a un arbitraje.

El Ejecutivo, pues, ante la vista y paciencia del Congreso y de la mayoría de peruanos ha modificado el modelo económico. No se trata de una propuesta: la norma rige a partir del 25 de julio. Desde 30 años atrás no se había producido una reforma laboral de esta magnitud. 

¿Hacia dónde apunta el mencionado decreto del MTPE? Es evidente que los autores de esta norma no creen que el progreso y el bienestar de los trabajadores se explica por la inversión privada y el crecimiento empresarial, sino por el sindicato y el derecho a huelga. Es decir, se explica por la capacidad de los trabajadores de organizarse para hacer frente a “la lucha de clases” en que “los empresarios chupasangres explotan a los trabajadores”.

Detrás de la norma del MTPE solo hay marxismo doctrinario, ideología simplona y ajena a la realidad. La misma ideología que ha creado la mayor cantidad de pobres en el planeta a lo largo del siglo XX y que ha convertido a Venezuela en una verdadera tragedia.

Ahora que todos sabemos que la inversión privada se desploma por los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones del Ejecutivo, ahora que sabemos que la ralentización del crecimiento –por falta de nuevas inversiones– no permitirá seguir reduciendo pobreza, vale preguntarse cuál será el efecto para el sector privado de un decreto que no exige mayoría absoluta para formar un sindicato y que flexibiliza en extremo el derecho de huelga. Quizá la pregunta válida sea la siguiente: ¿qué golpea más el crecimiento y la inversión: las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones o el decreto supremo 014-2022- TR? 

Ahora bien, para seguir reflexionando sobre cuáles son los objetivos de este intento de colectivizar a las empresas privadas, vale recordar que más del 80% de los trabajadores está en situación de informalidad. Es impensable que se pretenda formar sindicatos y negociaciones por rama en las micro, pequeñas y medianas empresas, que proveen más del 80% del empleo. Imposible. El decreto entonces apunta a colectivizar las relaciones laborales de las grandes empresas, que aportan el 80% de los ingresos fiscales del país.

En otras palabras, promueve el aumento de la conflictividad en las grandes empresas mineras, en las agroexportadoras, en las empresas de construcción, de comercio y de servicios, sin las cuales el Perú se convertiría en una Venezuela sin petróleo. Ese intento de empoderar a los sindicatos y de alentar los conflictos, en realidad, busca crear un escenario de quiebras masivas en el sector privado y favor de expropiaciones y estatizaciones.

Mientras en el Congreso la oposición democrática se frivoliza y amenaza con fragmentarse, el Ejecutivo, con una desaprobación abrumadora, ha dado un paso decisivo en su intento de estatizar el sector privado e instalar una constituyente: avanza en la colectivización de las relaciones laborales.