Gobernadores defienden Quellaveco y Las Bambas

El actual gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, acaba de enviar una carta al presidente Pedro Castillo oponiéndose frontalmente a la demanda de un grupo de autoridades y dirigentes del radicalismo antiminero de Islay –en Arequipa– que exigen que se cambie el sistema hídrico del proyecto Quellaveco. Cuevas señala que semejante cambio podría detener la producción de uno de los cinco yacimientos de cobre más grandes del planeta. 

El actual gobernador de Arequipa, Baltazar Lantarón, igualmente, ha defendido a capa y espada la producción de Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, ante los bloqueos de los radicales antimineros del Cusco que –por más de 500 días, desde el inicio de las operaciones de esta mina– han impedido el traslado del mineral de cobre al puerto.

La paralización de Quellaveco y Las Bambas destruye las posibilidades de financiamiento de los gobiernos regionales de Moquegua y Apurímac. Por ejemplo, este año, que se inicia la producción de Quellaveco, la empresa pagará el impuesto especial a la minería y las regalías. En el 2023, con plena producción de la mina, la compañía pagará el impuesto a la renta y el canon minero, que duplicará los ingresos del gobierno regional y los gobiernos municipales en Moquegua. 

En el caso de Las Bambas, la paralización o bloqueo de la mina se vuelve extremadamente dramático por la cantidad de recursos que se pierden. Para entender la magnitud de las cosas vale señalar que diversos cálculos establecen que, entre el 2016 y el 2022, Las Bambas ha transferido a los gobiernos subnacionales y a las universidades alrededor de S/ 1,858 millones por conceptos de canon y regalías, un aporte que supera más de siete veces todo el presupuesto de inversión de Apurímac. De esa suma más de S/ 534 millones se transfirieron a Challhuahuacho, un distrito de la zona de influencia directa de la mina.

Si hablamos de dos de las minas de cobre más grandes del planeta, amenazadas por minorías radicales –además, minorías que no viven en las regiones en donde se emplazan los proyectos– que suman algunas decenas, pero que ejercen violencia mediante bloqueos y ataques a campamentos mineros, entonces no es exagerado sostener que en el Perú se está a punto de liquidar la minería moderna, sin la cual no se podría explicar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza de las últimas tres décadas.

En el caso de Quellaveco, unas decenas, entre autoridades locales y radicales antimineros, amenazan con bloqueos y paros, exigiendo que se cambie el proyecto hídrico de la mina: se usará agua mineralizada del río Titire –uno de los afluentes del río Tambo– por los fenómenos volcánicos del sur, y a cambio se devolverá agua limpia para el consumo humano y la agricultura, de la represa Vizcachas. ¿En qué se afecta a la agricultura del valle del Tambo? ¿Acaso no se sabe que el agua del Titire está contaminada naturalmente con arsénico y boro por el fenómeno lahar?

En el caso de Las Bambas, los bloqueos de carreteras se produjeron principalmente en el Cusco, por minorías que exigían cupos y aportes de la minera por el solo hecho de que la carretera cruzaba sus circunscripciones. Hoy unas decenas de comuneros de Huancuire han invadido parte de la mina impidiendo el desarrollo del nuevo tajo de Chalcobamba. De esta manera Las Bambas ha reducido sus proyecciones de producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a 300,000 TMC. Sin embargo, en el primer semestre de este año, apenas ha producido 100,000 TMC. Los causantes de esta tragedia: unas decenas de mineros ilegales ocupando el nuevo tajo de cobre.

Como se aprecia con absoluta claridad, la minería moderna en el Perú está bajo ataque general. Dos de las minas más grandes del planeta están sometidas a minorías que no sobrepasan las decenas de personas, porque en las áreas mineras no hay Estado de Derecho porque el Ejecutivo ha renunciado a aplicar la Constitución y las leyes nacionales. Dos de las minas más grandes del mundo, que cualquier país minero quisiera (Australia, Canadá, Chile) en su territorio, hoy están sumergidas en la ley de la selva, sin autoridad ni derecho.