Escolares perderían año por vandalismo contra Tía María

El defensor del pueblo de Arequipa, Ángel María Guadalupe, y el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Guido Rospigliosi, han intervenido en la provincia de Islay para garantizar el retorno parcial de los estudiantes a sus instituciones educativas. Incluso el fiscal Abdón Sanca, con el apoyo de la policía, tuvo que constatar la situación en los centro educativos a pedido de los padres de familia que reclamaban seguridad para sus hijos, debido a los enfrentamientos violentos entre personas encapuchadas que apoyan el paro y quienes se oponen a la medida y respaldan el proyecto de cobre Tía María. 

Los profesores se unieron a las protestas en contra de Tía María. En la dirección regional de educación se argumentaba que la medida era para salvaguardar la seguridad de los escolares. Lo cierto es que el objetivo de las autoridades –aquellas que se reunieron con el presidente de la República Martín Vizcarra y grabaron la conversación con él– era disponer de la mayor cantidad de personas en las calles protestando; entre ellos profesores y estudiantes fuera de sus instituciones educativas. 

El riesgo de perder el año escolar continúa; no obstante, a pedido de los padres de familia, algunos docentes están dispuestos a dictar clases los días sábados y feriados para recuperar las horas de clase perdidas, para evitar que las clases se prolonguen hasta el próximo año. Por el contrario, la situación es diferente en Matarani y el valle Tambo, donde piquetes de antimineros vinculados a la izquierda extrema continúan con su posición beligerante. Milton Casaperalta, gerente regional de educación, no dispone el reinicio de las actividades educativas en los distritos de Cocachacra y Deán Valdivia. Las decisiones de Casaperalta dependen del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, promotor principal de la violencia y de los manifestantes de Arequipa. 

Debido a las protestas violentas, la procuraduría de Arequipa ha presentado 20 denuncias relacionadas con agresiones a la policía y personas en la vía pública, bloqueo de carreteras, línea férrea y puerto de Matarani, y desobediencia y resistencia a la autoridad. En un reciente ataque, los manifestantes lanzaron bombas molotov a la comisaría de Matarani. Es decir, no se trata solamente de manifestaciones contra un proyecto económico, sino de ataques contra la democracia y la libertad, representados en las instituciones públicas y privadas, poniendo en riesgo la vida de las personas. Estos ataques solo pueden ser organizados por extremistas vinculados al comunismo y la izquierda peruana. 

Hasta el momento cerca de 100 policías, que cumplían su función de mantener el orden público han sido heridos por los manifestantes. Pero los detenidos en flagrancia por la policía, en estos 45 días de protestas, han sido liberados porque existe un aparato legal que los protege (¿se acuerdan de Socorro Popular?).

Los pobladores han comenzado a señalar que con Tía María llegará el bienestar por los salarios que ofrecerá la mina; salarios que ciertos agricultores –que estarían financiando las protestas– se negarán a pagar. Asimismo, cuestionan el pretexto de la contaminación minera, indicando que los alcaldes no han hecho ningún esfuerzo para construir plantas de tratamiento de residuos sólidos y de aguas servidas. Toneladas de basura y miles de metros cúbicos de aguas pestilentes terminan en el mar, ríos y lagunas. Además, sostienen que en el valle de Tambo no hay control del uso desmedido de abonos, pesticidas y fertilizantes, que contaminan aún más las aguas de los ríos. 

En esta semana de representación del Congreso de la República, la bancada del Frente Amplio (FA) está en Arequipa soliviantando a la población, haciendo lo mismo que hicieron en 2011 contra el proyecto Conga en Cajamarca. El vandalismo encapuchado, el que hostiliza a la población, al parecer, tiene respaldo parlamentario.