¡EN DEFENSA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS!

Izquierda estatista redobla ofensiva contra inversión privada

No obstante que el escándalo Lava Jato nace del vientre izquierdista del Partido de los Trabajadores de Lula y se consolida mediante el modelo mercantilista del Brasil —del llamado “capitalismo de los amigos”—, en el Perú la izquierda redobla su ofensiva contra la economía de mercado. A partir de los yerros cometidos por el nacionalismo en el Gasoducto del Sur y la corrupción que se conoce en la Línea 1 del Metro, la izquierda ahora propone eliminar las Asociaciones Público – Privadas (APP) como modelo de inversión en el que participa el Estado y el sector privado para resolver los grandes déficits de infraestructura.

Los casos de corrupción que se conocen alrededor de Odebrecht no deben llevarnos a olvidar que desde 1993 se han invertido alrededor de US$ 30,000 millones en APP que han permitido resolver problemas gigantescos en infraestructura: solo basta mencionar que hoy tenemos mejor telefonía que antes, que el Aeropuerto Jorge Chávez —pese a sus problemas— es uno de los mejores de la región y que el puerto del Callao —no obstante los retrasos— empieza a ganar aceleradamente en competitividad.

En la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional (AFIN) se calcula que el déficit acumulado de infraestructura es del orden de US$ 168,000 millones. Imaginar que se puede avanzar en resolver estos gigantescos retrasos sin el aporte privado, en realidad, es volver a plantear el Estado empresario a través de la obra pública.

Sobre estos temas vale señalar que en el Perú se destina alrededor del 5% del PBI para obras, de los cuales el 80% se ejecuta a través de la modalidad de obras públicas (el Estado asume el financiamiento y los riesgos) mientras que mediante APP solo se ejecuta el 20%. Bueno, los casos de corrupción que se pueden conocer en una o más APP se deben a que esta modalidad de inversión (financiamientos y riesgos compartidos entre Estado y privados) es absolutamente transparente debido que existen mecanismos de control del respectivo regulador, del concedente, de la Contraloría General de la República y del periodismo en general. Si en el Gasoducto hubo un solo postor y se desnaturalizó la idea de los riesgos compartidos —a través del subsidio de las tarifas eléctricas ante una falta de demanda de gas— solo se explica porque el gobierno de entonces y las instituciones fueron subordinadas por lógicas irregulares.

Ahora bien, una pregunta pertinente es, ¿quién fiscaliza la masiva obra pública que desarrolla el Estado? Un solo ejemplo: la mitad de las obras públicas son de agua y saneamiento, y todos sabemos que las entidades prestadoras de servicio de agua se han convertido en verdaderos monumentos a la ineficiencia y la corrupción.

¿Qué sucedería entonces si eliminamos las APP? Una primera respuesta es simple: no resolveríamos el enorme hueco de infraestructura del país, porque los proyectos para resolver las brechas de infraestructuras, de una u otra manera, requieren que el Estado y los privados compartan formas de financiamiento y riesgos. Es difícil imaginar que el Estado o los privados asuman unilateralmente el financiamiento del déficit de infraestructura de US$ 168,000 millones.

La idea de un Estado que elimina las APP y que se lanza a resolver los problemas acumulados de infraestructuras a través de la obra pública no solo es inviable, sino que nos lleva de viaje al pasado, nos lleva hacia el Estado empresario de antes de los noventa. En ese Estado, por ejemplo, conseguir una línea telefónica costaba US$ 2,000; pero a veces ni el dinero valía, pues había que estar conectado hasta con los amigos de un jefe de Estado para conseguir un teléfono propio.

Como se aprecia, la voluntad de no separar la paja del grano, en realidad, oculta la intención ideológica de la izquierda, una vez más, de poner en la agenda el regreso del Estado empresario que fracasó en el Perú y en los ex países de la Unión Soviética, y que hoy se derrumba en Brasil y Venezuela.