Verónika Mendoza y el riesgo de frenar el turismo en Cusco

El eventual gobierno regional de Verónika Mendoza representa un riesgo para el turismo del Cusco si la confrontación ideológica termina dominando su relación con el Ejecutivo. La candidata de Venceremos mantiene una ventaja mínima para ser proclamada ganadora sin segunda vuelta: 30,041% de los votos válidos, a la espera de 33 actas. Su posible gestión comenzaría en una región cuyo principal potencial económico exige coordinación, inversión y autoridad, no enfrentamientos políticos.

El Cusco reúne condiciones excepcionales para convertir el turismo en una industria capaz de impulsar el desarrollo regional. En 2025 concentró cuatro de los cinco principales destinos turísticos del Perú: el Santuario Histórico de Machu Picchu, la Explanada de Saqsaywaman, el Parque Arqueológico de Ollantaytambo y el Complejo Arqueológico de Moray. Además, desplazó a Lima como la región más visitada del país. Antes de la pandemia, el turismo representaba alrededor del 14% del PBI cusqueño y generaba más de 200 mil empleos directos e indirectos. Sin embargo, ese potencial continúa limitado por problemas estructurales.

El primero es la infraestructura. El 83,9% de los 17.577 kilómetros de la red vial regional carece de pavimentación. A ello se suma la lenta ejecución del aeropuerto de Chinchero, cuya capacidad permitiría movilizar aproximadamente el doble de pasajeros que el aeropuerto Velasco Astete, que en 2026 alcanza unos cinco millones. Los problemas presupuestarios siguen retrasando una obra estratégica para ampliar la conectividad y recibir más visitantes.

El segundo problema es la inseguridad. En 2025, el 31,5% de la población cusqueña mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo y se registraron 1.310 denuncias por presuntos delitos por cada 100 mil habitantes. La situación resulta aún más preocupante si se considera que el presupuesto de seguridad para 2026 cayó un 13% respecto del año anterior y que más del 70% de las comisarías se encuentra en mal estado.

El tercer frente es la debilidad institucional en la administración de los activos turísticos. El colapso de la plataforma estatal de venta de entradas a Machu Picchu y la suspensión del servicio ferroviario durante el conflicto por el transporte en buses, en septiembre de 2025, evidenciaron una gestión desarticulada. Los enfrentamientos dejaron entre 1.400 y 1.500 personas varadas y 17 heridos. Un destino de importancia mundial no puede depender de una administración incapaz de anticipar y resolver crisis que perjudican a visitantes, trabajadores y empresas.

En este escenario, la posible elección de Mendoza despierta preocupación por su ideología de izquierda y su marcado antifujimorismo. Su recelo frente a la inversión privada podría desalentar capitales, limitar la expansión de la infraestructura hotelera y alimentar conflictos en torno a proyectos estratégicos. Además, para resolver problemas como la culminación del aeropuerto de Chinchero, la seguridad y la gestión de Machu Picchu, tendrá que coordinar con el Gobierno de Keiko Fujimori. La región necesita que esa relación se sustente en soluciones técnicas y no en rivalidades ideológicas.

Si Mendoza convierte al Cusco en una plataforma permanente de oposición al Gobierno central y en un trampolín para una eventual candidatura presidencial, los intereses de la región quedarán subordinados a sus ambiciones políticas. El riesgo es mayor ante su falta de experiencia al frente de un gobierno regional, precisamente en una jurisdicción afectada por deficiencias de gestión y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.

El Perú recibió alrededor de 3,4 millones de turistas internacionales en 2025, una cifra muy inferior a la de destinos como Francia, España y Estados Unidos. Pese a los reconocimientos obtenidos en los World Travel Awards 2026, seguimos aprovechando insuficientemente nuestro potencial turístico. El Cusco puede contribuir a cerrar esa brecha, pero solo si sus autoridades priorizan la inversión, la seguridad y la eficiencia administrativa.

Si las decisiones ideológicas de una eventual gestión de Mendoza agravan los problemas existentes, el perjuicio trascenderá las fronteras regionales. El Perú podría alejarse todavía más de las grandes potencias turísticas y desperdiciar una industria capaz de generar empleo, atraer inversiones y transformar la economía nacional.