El privilegio de tener agua potable

Según el Censo de Población y Vivienda 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen 10.10 millones de viviendas. De ese total, solo 6.03 millones tienen acceso a los servicios de agua potable proveniente de una red pública. Es decir, en todo el país, ¡el 40.31% de las viviendas no tienen agua potable! ¡Increíble! ¡Inaceptable!

¿Qué está haciendo el Gobierno para subsanar tremenda desigualdad social que afecta a los más pobres del país? Es bueno recordar que en mayo pasado el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, anunció que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra iba a proveer de agua potable al 85% de los sectores rurales y al 100% en los sectores urbanos hasta el 2021.

El presupuesto total para el 2019 es de S/ 31,741 millones. El Ministro de Economía, Carlos Oliva, ha indicado que S/ 1,946 millones de ese presupuesto serán destinados para continuar con los proyectos iniciados. Sin embargo, ha reconocido que “estamos con un déficit fiscal” y que es “probable que no alcance para sostener la continuidad en las inversiones”. En este contexto, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha señalado que, si las cosas siguen así, la reconstrucción del norte demorará 20 años por la reducida asignación de recursos económicos.

Si el Estado no puede resolver el problema del agua en el país —para evitar, por ejemplo, la desnutrición infantil causada por enfermedades intestinales por el consumo de agua contaminada— debe convocar a la inversión privada, a través del mecanismo Obras por Impuesto (OxI), y a las Asociaciones Público Privadas (APP). En el caso del agua potable, las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS) son un fracaso total en todo el país. Tienen dificultades técnicas y económicas para asumir los costos de operación y mantenimiento de las plantas.

De un total de 50 EPS, 13 están intervenidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), y el resto casi quebradas por la falta de gestión y capacidad técnica de sus funcionarios designados a dedo por las autoridades. Las EPS han sido organizadas para devolver favores políticos a militantes partidarios, financista de campaña y familiares de las autoridades elegidas. No están cumpliendo la tarea de ofrecerle a la población un producto de alta calidad y en abundancia, como debería ser el agua potable.

La izquierda se opone a la privatización de las entidades públicas que son un lastre para el país. No hay inversiones en nuevos proyectos, y los que existen están observados y detenidos por cuestiones técnicas y por contratos realizados con la intención de apropiarse indebidamente de los fondos públicos.

¿De dónde obtendrán el Estado los US$ 6,970 millones (del año 2015) que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha calculado para cubrir la brecha en agua potable y saneamiento en el periodo 2016-2020? La respuesta es evidente: del sector privado.

Las luchas políticas intestinas protagonizadas por el Ejecutivo, Legislativo y por jueces y fiscales inmersos en la judicialización de la política, no están beneficiando al país. Y en el fragor de esas luchas, el Estado está abandonando totalmente su principal función: proveer los servicios públicos que son de su competencia.