¡El Perú requiere una ley de promoción agraria con urgencia!

Es incuestionable que el Perú necesita una nueva ley de promoción agraria que fomente inversiones con alta intensidad en capital y tecnologías en las tierras que se ganan al desierto en la costa, a través de diversos proyectos hídricos. Igualmente, el país necesita un régimen promocional agrario para formalizar y capitalizar a los más de dos millones de minifundistas que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura.

Sin un régimen promocional agrario no se ganarán nuevas grandes inversiones ni se formalizará a los millones de minifundistas. ¿Por qué? El agro es el único sector de la economía que requiere un régimen especial, porque las inversiones y proyectos tienen que ver con seres vivos; es decir, con frutas, hortalizas y legumbres que están sometidos a plagas, enfermedades y eventos climáticos como el fenómeno de El Niño, por ejemplo. Por otro lado, las inversiones agrarias, sobre todo en las tierras ganadas al desierto, requieren inversiones hidráulicas de largo plazo que, sumadas al tiempo de maduración de los cultivos, exigen varios años a los proyectos para alcanzar rentabilidad.

Planteadas las cosas así, la necesidad de un régimen promocional es asunto de vida o muerte para el futuro del agro. Sin embargo, el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), urgido por el descontrol del déficit fiscal –debido al aumento del gasto público y los recurrentes rescates de Petroperú–, se opuso abiertamente a aprobar un nuevo régimen promocional tributario para el agro. En vez de reducir y racionalizar gastos la izquierda se niega a promover nuevas inversiones no obstante que es la única manera de garantizar el incremento de la recaudación fiscal en el mediano y largo plazo.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso propone que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 unidades impositivas tributarias) no paguen impuesto a la renta, en tanto que las unidades que vendan hasta S/ 721,000 (110 unidades impositivas tributarias) abonen solo el 1% en renta. Para el régimen general se propone 15% en impuesto a la renta entre el 2025 y el 2035 y un crédito tributario a la reinversión en infraestructuras, tecnologías, maquinaria, capacitación y proyectos de investigación. También se establece la depreciación acelerada y la devolución anticipada del IGV.

Vale anotar que, durante la vigencia de dos décadas de la Ley 27360 –Ley de Promoción Agraria que fue absurdamente derogada por el gobierno provisional de Sagasti– se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones en alrededor de 250,000 hectáreas ganadas al desierto. Durante ese proceso las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones en la actualidad. La recaudación fiscal del Estado pasó de S/ 97 millones a más de S/ 826 millones anuales. En otras palabras, la recaudación se incrementó en ocho veces. Sin la derogada ley la recaudación nominal habría sido de S/ 2,200 millones; sin embargo, con el régimen promocional se recaudaron S/ 9,100 millones. Es decir, S/ 7,000 millones más para el Estado. 

Los argumentos a favor de un régimen promocional en el agro, pues, son incuestionables. Vale señalar que, desde la derogatoria de la anterior ley de promoción agraria por el gobierno provisional de Sagasti, se calcula que se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y que se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales del total de un millón –entre directos e indirectos– que genera el sector.

El 2025, entonces, los peruanos de buena voluntad debemos, como se dice, pisar el acelerador, para que el país cuente con un régimen promocional para el agro.