¡El Perú debe rescatar a Las Bambas de la minería ilegal!

Una terrible noticia se hizo pública durante el desarrollo de la edición 35 de PERUMIN en Arequipa, uno de los mayores eventos mineros de la región y del mundo: el Perú ha caído al último lugar en el Índice de Competitividad Minera, por el mal desempeño en los aspectos geológicos y el entorno social. El mencionado índice compara al Perú con la competitividad de otras potencias mineras, tales como Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile y Colombia. Es incuestionable, entonces, que el Gobierno de Pedro Castillo ha derrumbado las posibilidades del país con respecto a la minería.

Sin embargo, el resultado no debería generar mayores sorpresas. ¿Qué país podría mantener sus índices de competitividad minera si el Estado renuncia a ejercer la autoridad, que le confieren la Constitución y las leyes, frente a la invasión de decenas de mineros ilegales en Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta? Peor aún, ¿cómo el Perú podría mantener índices de competitividad minera si la invasión del tajo Chalcobamba es una de las causas de que Las Bambas reduzca sus proyecciones de producción en cerca del 50%? Y si la invasión de minorías radicales se extiende a otras minas en Apurímac y La Libertad, ¿a quién se le ocurre que el país va a mantener sus logros en minería?

Las Bambas está entre las diez minas más grandes de cobre del mundo, porque tiene una proyección de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC). Sin embargo, desde el inicio de las operaciones, se han acumulado más de 500 días de bloqueos de las vías, que impidieron trasladar el mineral al puerto. Por otro lado, la invasión del tajo Chalcobamba por parte de decenas de comuneros de Huancuire no permite relanzar la producción ante el agotamiento natural del tajo Ferrobamba. Semejante situación explica que Las Bambas haya reducido sus proyecciones de producción a 300,000 TMC anuales. No obstante, en el primer semestre de este año apenas produjo 100,000 TMC. Un verdadero crimen social en contra de los pobres del Perú y los recursos del Gobierno Regional, los municipios y las universidades de Apurímac.

Las actividades de minería ilegal ya han sido confirmadas por el Ministerio Público y la policía nacional (PNP). Durante la intervención fiscal se determinó que los invasores desarrollan minería ilegal: se habían cavado socavones y se encontró equipo y material minero. 

El tajo Chalcobamba ya debería entrar en operaciones porque Las Bambas desarrolló todos los procedimientos y consultas populares que establece la ley para conseguir los permisos correspondientes del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Y ya debería estar en operaciones porque el tajo Ferrobamba comienza a agotarse por la explotación natural de los primeros años del proyecto que, según algunos cálculos, entre el 2016 y el 2022, han permitido que la megamina transfiera alrededor de S/ 1,858 millones por conceptos de canon y regalías a los gobiernos subnacionales y universidades de Apurímac. Una suma que supera el presupuesto total de inversiones de Apurímac. Del total de esas transferencias, alrededor de S/ 534 millones se transfirieron a Challhuahuacho.

Es imposible entonces que el Perú mantenga competitividad minera si una de las minas de cobre más grande del planeta –que representa una inversión de más de US$ 10,000 millones, que suma 1% del PBI nacional, 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos de Apurímac– es invadida por unas decenas de mineros ilegales ante la vista y paciencia de las autoridades. ¿El Estado acaso permite que la evasión de impuestos y la contaminación reemplacen a la minería moderna que reduce la pobreza en el país?