El modelo económico peruano bajo ataque

El modelo económico desarrollado por las reformas de los noventa y consagrado en la Constitución de 1993 está bajo ataque general y, de una u otra manera, ha sido puesto al borde del abismo. Si el Perú no avanza hacia un nuevo ciclo de reformas que profundicen la economía de mercado comenzará la involución hacia el estatismo y el colectivismo, que empobrecen a las sociedades Hispanoamericanas.

Semejantes reflexiones valen para Perú y también para Colombia y Chile. Estas sociedades desarrollaron reformas que posibilitaron superar los modelos del Estado empresario (empresas públicas), desregular precios y mercados y hacer reformas tributarias y comerciales. Gracias a estas reformas estos países se convirtieron en las estrellas de la región, mientras Venezuela, Argentina (antes de las reformas de Javier Milei) y Brasil se estancaban. En el caso de Venezuela el estatismo y el colectivismo convirtieron al país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo en el más pobre de la región.

En el Perú la involución comenzó una década atrás y, desde el gobierno de Pedro Castillo, pasando por el de Dina Boluarte, el retroceso se ha acelerado poniendo en peligro la estabilidad fiscal. Uno de los mayores enemigos del modelo es la burocratización del Estado y la multiplicación de sobrerregulaciones, oficinas y aduanas que ahogan al sector privado y las iniciativas de la sociedad. La burocratización estatal convierte en letra muerta el espíritu desregulador de la Constitución. 

Sin embargo, la burocratización que bloquea la inversión privada y genera informalidad, de una u otra manera, tiende a seguir demandando más recursos fiscales para los burócratas y las nuevas oficinas. La burocratización, pues, es el inicio de la socialización del Estado. En este camino el déficit fiscal se convierte en un instrumento de la burocratización. Desde el gobierno de Castillo el gasto corriente aumenta entre 20% y 30% anual, los rescates financieros de Petroperú se multiplican al infinito y los 19 ministerios –la mitad de ellos creados por criterios ideológicos– demandan más de los recursos fiscales que paga el sector privado. 

De esta manera se ha invertido el modelo: el Estado empieza a ser el principal agente de redistribución de riqueza y no el mercado. En el 2023 el déficit fiscal proyectado fue de 2.4%; sin embargo, se cerró el año fiscal con un 2.8%. En el 2024 el déficit considerado fue de 2% del PBI, pero luego se varió la regla fiscal a 2.8%. No obstante, el déficit llegó al 3.6%. En este contexto, el Legislativo comenzó a aprobar exoneraciones sin ningún criterio, que terminarán desordenando la estabilidad fiscal del país.

Si el desmadre fiscal continúa en el país, tarde o temprano el Perú terminará perdiendo los grados de inversión alcanzados por varias generaciones. ¿Cómo enfrentar la crisis fiscal del país? Hay medidas de emergencia que siempre serán como la pastilla que servirá para bajar la fiebre. Nada más. Y hay decisiones de mediano y largo plazo que tienen que ver con las reformas estructurales; es decir, con las soluciones de fondo. La discusión fiscal debe desarrollarse en estos dos ámbitos.

Uno de los mayores objetivos del antisistema siempre fue eliminar el sistema promocional de inversiones en el agro con el objeto de mantener la descapitalización del campo y perpetuar la pobreza. Las izquierdas que destruyen la estabilidad fiscal hoy son defensoras de la regla fiscal con tal de oponerse a cualquier sistema promocional agrario, validado por dos décadas de crecimiento y pujanza.

En ese sentido, para no caer en la trampa izquierdista es urgente oponerse a todas las irresponsabilidades del Ejecutivo y del Congreso que se expresan en normas populistas (ley de los maestros jubilados, cambio de distribución de IGV a favor de municipios) y al aumento constante del gasto corriente. El sentido de la urgencia tiene que ver con que no se profundice el deterioro del manejo fiscal. Sin embargo, si no se enfrenta la burocratización del Estado, la multiplicación de sobrerregulaciones, de oficinas y ministerios, los críticos de buena voluntad solo se convertirán en cajeros de los desastres económicos de la izquierda. Y esa es una trampa que debemos superar.