El Ejecutivo debe detener la minería ilegal en el 2025

A pesar de la continuidad del Estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, acaba de señalar que en el primer semestre del 2024 la señalada minera ha perdido alrededor de US$ 300 millones. Asimismo, De la Flor solicitó la intervención policial en las bocaminas ilegales que operan dentro de las concesiones de Minera Poderosa. ¿Qué revelan estas declaraciones? Simplemente que el estado de emergencia en Pataz fracasa de principio a fin.

En otras palabras, la alianza de la minería ilegal y el crimen organizado ha derrumbado cualquier principio de autoridad del Estado de derecho. Es decir, el gobierno central, el gobierno regional, las fuerzas armadas, la policía nacional del Perú y el sistema de justicia se muestran impotentes para contener esta amenaza social. Planteadas las cosas así vale preguntar si acaso el gobierno de Dina Boluarte pretende postergar el problema para la administración que ingresará el 2026. Si en el Ejecutivo se piensa de esta manera, entonces, el Perú llegará al nuevo gobierno avanzando a convertirse en un estado fallido.

Si no se recupera Pataz para el Estado de derecho, la minería ilegal avanzará devorándose a la minería moderna, que paga impuestos, preserva el medio ambiente y genera empleo formal. En la señalada provincia liberteña el año pasado se movilizaron alrededor de 12,000 volquetes con mineral robado de las minas legales. Igualmente, en el corredor vial del sur, el año pasado, la minería ilegal avanzó sobre las concesiones de las minas formales que producen cerca del 40% del cobre nacional. Se calcula que cada día se movilizan entre 100 y 150 volquetes con el mineral robado de las concesiones modernas superando, incluso, la producción de Las Bambas, la mina más grande de la zona.

Si el Ejecutivo no se decide a detener el avance de la minería ilegal está economía ilegal será incontrolable el 2026. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2024 las exportaciones de la minería ilegal podrían superar los US$ 6,000 millones. Si consideramos que las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas) movilizan alrededor de US$ 10,000 millones, entonces se hace evidente que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía delictiva que erosiona el Estado de derecho y la institucionalidad, tal como sucede en Pataz.

Pero eso no es todo. El derrumbe del Estado de derecho a manos de las tendencias destructivas de la minería ilegal implica el fin de la minería moderna, que preserva el medio ambiente, paga impuestos y se ha convertido en uno de los principales motores de reducción de pobreza y de descentralización. El precio de la onza de oro está sobre los US$ 2,500 y con tendencia al alza, y la libra del cobre en determinado momento sobrepasó los US$ 4. En Pataz y en el corredor vial del sur estamos observando que el avance de la minería ilegal solo es posible si es que viola el derecho de propiedad, se asaltan las inversiones en exploraciones con reservas establecidas y se establece una alianza con el crimen organizado.

Si el Ejecutivo no asume responsabilidad inmediata para detener la minería ilegal el Perú, llegara al 2026 con regiones controladas por pistoleros tal como sigue sucediendo con el narcotráfico. Ahora bien, no solo se trata de la interdicción y la recuperación del principio de autoridad para el Estado de derecho. El Estado también debe tener una estrategia de formalización minera que incorpore a la pequeña minería a la legalidad y al Estado de derecho, y que procese a quienes violan los derechos de propiedad establecidos en la Constitución y las leyes. 

Si las concesiones formales son violentadas por la minería ilegal, el crimen organizado y el antisistema han comenzado a imponerse en la sociedad.