El destino de Las Bambas definirá el destino de la minería y del modelo

Acaba de instalarse la mesa de diálogo entre el Gobierno, sectores de las comunidades en conflicto y MMG-Las Bambas. La próxima reunión se desarrollará el próximo 20 de julio y nada permite prever que se solucione el problema y se restablezca el Estado de derecho. En este delicado escenario, las comunidades Mara anuncian otro paro contra la empresa minera. ¡Increíble!

Lo más probable, entonces, es que los sectores radicalizados que han asumido la representación de algunas comunidades de la zona de influencia minera vuelvan a ejercer violencia y paralicen otra vez la producción minera.

MMG-Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta, acumula más de 470 días de paralizaciones por la violencia de las minorías radicalizadas, ya sea a través del bloqueo del corredor vial del sur o mediante tomas directas del campamento. Ante la evidente renuncia del Ejecutivo a restablecer el Estado de Derecho y la parálisis de las instituciones de justicia frente a los violentistas que atentan contra la vida, el cuerpo, la salud y las propiedad privada y pública de los ciudadanos, el área minera vinculada a Las Bambas se ha convertido en una tierra de nadie, en un área liberada de la autoridad estatal.

Las Bambas debería estar produciendo alrededor de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales. Sin embargo, solo produce algo más de 200,000 TMC por la violencia y por el agotamiento del actual tajo y la demora –por la oposición radical– en la implementación del nuevo tajo de Chalcobamba. Semejante parálisis se produce cuando el precio del cobre alcanza niveles históricos y supera los US$ 4.70 la libra.

Las cosas están tan graves que el embajador de China en Perú, Liang Yu, ha afirmado que MMG-Las Bambas ya no entregará más dinero porque se ha pagado más de S/ 2500 millones a 500 comuneros por sus tierras. En este contexto la pregunta es, ¿hasta cuándo el Ejecutivo no restablecerá el Estado de derecho en la zona minera?

Como todos sabemos, Las Bambas está emplazada en Apurímac, pero otros proyectos como Los Chancas y Azuca, en la misma región, también han sufrido la acción de minorías violentistas. ¿Por qué el radicalismo antiminero comienza a concentrarse en Apurímac? Porque esta región es una de las más importantes de la minería peruana. Apurímac tiene una cartera de proyectos mineros que sobrepasan los US$ 10,000 millones y, según el estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú Sur-Este (Apurímac, Cusco y Puno)”, presentado por el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), si se ejecutan los proyectos mineros en esta región la pobreza descendería del 29% actual de la población a solo 13% en el 2031.

Para entender lo que está en juego con las estrategias que pretenden paralizar las inversiones mineras modernas en minería vale recordar que, en Cajamarca, la región con más potencial minero del país, igualmente se han paralizado casi todos los proyectos. Cajamarca tiene una cartera de proyectos de más de US$ 17,000 millones. Entre ellos están Yanacocha Sulfuros, con más de US$ 2,100 millones: Michiquillay, con US$ 2,500 millones; La Granja, con US$ 5,000 millones; Conga, con US$ 4,800 millones; y El Galeno, con más de US$ 3,500 millones.

Todos esos proyectos fueron paralizados por el radicalismo antiminero. Hoy Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, pero podría ser una de las más prósperas, con menos pobreza. Por ejemplo, de ejecutarse los proyectos mencionados, la pobreza descendería en 33 puntos y se ubicaría en el 17% de la población.

Detener la minería moderna en el país, pues, es un verdadero crimen contra los pobres. No hay duda. Y si no se restablece el Estado de derecho en Las Bambas la minería que crea empleo y aporta al fisco será destruida.