Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
La oposición en el Congreso comienza a ser una tragedia. En vez de avanzar en la vacancia del jefe de Estado por una probada incapacidad moral permanente, la oposición siguió con sus divisiones y rencillas infantiles y vacó a la presidente del Congreso, Lady Camones. Sin embargo, lo más grave de todo es que la oposición ha dejado de defender el sistema republicano y, sobre todo, el modelo económico.
La oposición no se atreve a derogar los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que apuntan a colectivizar las relaciones laborales mediante la prohibición de la tercerización laboral y la promoción del sindicalismo por fábricas, ramas y grupos empresariales, y la liberalización del derecho de huelga. Si no se atreve a estas simples medidas, menos se atreverá a discutir una reforma laboral para formalizar el empleo y promover la inversión privada.
Es lamentable la conducta de la oposición, sobre todo porque se convierte en cómplice del frenazo económico y de la caída de la inversión privada y la promoción del empleo, que han causado los anuncios del Gobierno sobre la constituyente y las nacionalizaciones, y el desgobierno en general.
Una de las cosas más graves de esta situación es que, ante la vista y paciencia de los sectores de la oposición, empieza a agonizar el milagro agroexportador del país, que ha asombrado al mundo, sin que el Congreso se atreva a restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que estableció regímenes tributarios y laborales especiales.
Como todos sabemos la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el país y la Ley N° 27360 son las explicaciones de que, en el lapso de dos décadas, las agroexportaciones crecieran de US$ 621 millones a US$ 8,842 millones en el 2021. Por la inercia de las inversiones de algunos años atrás las agroexportaciones crecerán hasta los US$ 10,493 millones en el 2022 y hasta los US$ 11,554 millones en el 2023.
Sin embargo, desde esa fecha el declive empezará y las agroexportaciones comenzarán un lento declive por falta de nuevas inversiones y la emigración de capitales a otras regiones del planeta. Los causantes de esta situación son la derogatoria de la Ley N° 27360 durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la llegada del Gobierno de Pedro Castillo, con sus anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones que desalentaron cualquier nueva inversión en el país.
En este contexto, el restablecimiento de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria podría iniciar un relanzamiento de las inversiones en las agroexportaciones y establecer una clara notificación al país y a la comunidad internacional: en el Perú hay un Gobierno anti inversión, pero el Congreso y las demás instituciones se siguen rigiendo por la Constitución.
La Ley de Promoción Agraria establecía un régimen tributario especial para fomentar inversiones que alcanzan rentabilidad en el largo plazo. Algunos emprendimientos agrícolas maduran en diez años, por ejemplo. Pero lo más gravitante de la señalada norma es que establecía un régimen de flexibilidad laboral para contratar trabajadores, con todos los derechos sociales reconocidos, de acuerdo a la estacionalidad de la actividad agrícola: siembra, mantenimiento y cosecha.
Bajo esta normatividad la pobreza se redujo debajo del promedio nacional en la mayoría de las regiones agroexportadoras y se avanzó considerablemente en la formalización del empleo agrario.
Por todas estas consideraciones, no es posible defender la Constitución, las instituciones y las libertades sin defender el modelo económico, sin defender las agroexportaciones del Perú. El Congreso debería tomar cartas en el asunto al término de la distancia.
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