El agro sin flexibilidad laboral: menos empleo, más informalidad

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, no solo significó la cancelación de los regímenes tributario y promocionales, sino que la nueva norma, la Ley 31110, de una u otra manera, eliminó la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, promovió las negociaciones por rama y la formación de sindicatos agrarios. 

En otras palabras, la nueva norma promueve el conflicto de clases antes que la cooperación entre empresarios y trabajadores para avanzar en la formación del empleo. En el aspecto en que la nueva ley agraria desvela su identidad marxista y colectivista es en la creación del Bono Especial del Trabajador Agrario (BETA) que le agrega el 30% de la Remuneración Mínima Vital Nacional al salario agrario en general. En otras palabras, hoy las empresas agrarias deben asumir el salario agrario en base a la productividad, pero deben agregarle el 30% de la RMV nacional. ¿Cómo se entiende una medida de ese tipo?

Desde la aprobación de la nueva norma agraria no se conocen de nuevas inversiones en el sector, más allá de las ventas y traspasos de capitales nacionales a algunos extranjeros. Por otro lado, cada mes, aproximadamente, se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos. Los sectores que pretenden señalar que en el agro todavía avanza viento en popa argumentan que las agroexportaciones el año pasado crecieron de US$ 10,000 millones a más de US$ 12,000 millones y que se incrementaron las inversiones en bienes de capital. 

Lo cierto es que el incremento del valor de las agroexportaciones es un asunto de precios y mercados, no de volumen. Se exportan la misma cantidad de toneladas de frutas y legumbres de los últimos años. Y, efectivamente, las grandes empresas están invirtiendo en maquinaria que comienza a reemplazar a los trabajadores.

La eliminación del régimen de flexibilidad laboral, pues, ha sido letal para la continuidad y el avance de las agroexportaciones. Pero ha sido más terrible para las pequeñas unidades agroexportadoras y para el empleo formal. Vale señalar que en la agroexportación se registran alrededor de 10,000 empresas aproximadamente, de las cuales el 80% corresponde a las pequeñas unidades. Ante la ausencia de flexibilidad laboral una gran parte de ellas se ha deslizado hacia la informalidad.

Por otro lado, se ha golpeado con extrema dureza el crecimiento del empleo formal. En el 2004 en el agro existían 460,000 empleos formales entre directos e indirectos y, en la actualidad, se registran más de un millón. Un crecimiento sorprendente. Sin embargo, el crecimiento del empleo formal se ha estancado de gravedad. Asimismo, vale señalar que, durante la vigencia de la derogada ley de Promoción Agraria, existían empresas que contrataban entre 15,000 y 20,000 trabajadores –con todos los derechos sociales reconocidos– por temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha.

En este contexto, los costos laborales representaban entre 50% y 60% de los costos totales de producción de las empresas. Luego de la derogatoria de la Ley 27360 las grandes empresas empiezan a invertir en maquinarias y abandonan la política masiva de empleo.

El progresismo y las izquierdas, pues, le han propinado un golpe letal al modelo económico que recién había empezado la capitalización en el campo: la agricultura moderna apenas se extiende sobre el 5% del total de tierras agrícolas.

Es hora de reaccionar. El agro es una de las columnas nacionales para construir el Perú y la peruanidad.