Ejecutivo y Congreso destruyen la viabilidad fiscal del Perú

El Congreso acaba de aprobar,  en primera votación, una ley que homologa el sueldo de profesores jubilados y cesantes con la Remuneración Integral Mensual de los profesores de la primera escala de la carrera pública magisterial. De aprobarse en segunda votación el aumento sería de S/ 800 a S/ 3,300. Sin embargo, el fisco nacional tendría que desembolsar S/ 5,000 millones, volviendo incontrolable el déficit fiscal que el año pasado superó el 3.6% y acumuló dos años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal. Una situación que ha disparado todas las alarmas en las calificadoras de riesgo y algunas predicciones señalan que el país podría perder sus grados de inversión.

Si a esta irresponsable decisión le sumamos la nueva ley aprobada en el Legislativo que redistribuye la recaudación del Impuestos General de las Ventas con la reducción de la participación del gobierno central del 16% al 14% a favor de un incremento de 2% para el Impuesto de Promoción Municipal, entonces tenemos a un Legislativo y un Congreso embarcados en una fiesta de distribución de recursos con tal ganar clientelas y electores en las próximas elecciones. Pese a que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto se han lanzado a tontas y locas a redistribuir los recursos fiscales. Por ejemplo, la nueva distribución del IGV representará S/ 10,000 millones menos para la caja fiscal.

Si estamos frente a un gobierno que no cesa de incrementar el gasto fiscal, ¿cómo salvamos la macroeconomía y los grados de inversión que han costado enormes sufrimientos a varias generaciones? En el Congreso no existe una derecha dispuesta a defender el modelo económico y todo asemeja como si Pedro Castillo y Perú Libre siguieran en el poder.

La situación fiscal del Perú está en rojo total. Vale recordar que en el 2023 el déficit fiscal proyectado fue de 2.4%; sin embargo, el Ejecutivo cerró el año con un déficit de 2.8% empleando, como se dice, un artificio contable porque adelantó las utilidades del Banco de la Nación. Para el 2024 el déficit proyectado fue de 2% del PBI, pero el Ejecutivo aumentó las predicciones hasta el 2.8% del PBI. Sin embargo, se cerró el año fiscal con un déficit de 3.6% del PBI. Una verdadera barbaridad. Luego del relevo de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, nuevo titular del sector ha planteado ampliar la meta fiscal de 2.2 a 2.8% del PBI, todo lo cual indica que avanzamos a un tercer año consecutivo de incumplimiento de la meta fiscal.

Es incuestionable que el gobierno de Pedro Castillo y la sucesión de la administración de Dina Boluarte, simplemente, han destrozado la trayectoria fiscal del Perú, sobre todo por el aumento del gasto corriente y los perpetuos rescates financieros en medio de una situación decreciente de la recaudación fiscal. El gasto en planilla del Estado suele aumentar alrededor de 30% cada año, tal como sucedió del 2023 al 2024. Además, los rescates de Petroperú –una empresa quebrada y sin viabilidad– en deuda y garantías crediticias desde el 2017 hasta la fecha suman US$ 5,000 millones, de los cuales US$ 3,500 millones corresponden al gobierno de Boluarte.

A estas alturas es evidente que la administración Boluarte no solo le dejará al Perú con claras tendencias a la anarquía y la disgregación social, sino con una macroeconomía a punto de derrumbarse. Como todos sabemos, en la medida que nuestro BCR sigue siendo la última muralla contra la destrucción del modelo, lo más probable es que si el descontrol continúa los políticos echen mano del aumento de la deuda pública. Casi otra vez en los ochenta.