Derogar norma contra tercerización e iniciar reforma laboral

Sorprende la desorientación general de la oposición frente a la propuesta de la asamblea constituyente que ha lanzado el colectivismo. Si bien esta propuesta ha sido derrotada por ahora, sí ha destruido las posibilidades de crecimiento de la inversión privada y ha frenado la reducción de la pobreza. 

Como parte de la estrategia para fortalecer el objetivo de la constituyente y la destrucción del sector privado, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ha lanzado la llama “Agenda 19”, que busca colectivizar las relaciones laborales y establecer un mundo del trabajo basado en negociaciones colectivas de federaciones por rama, como si el Perú fuese una sociedad con cuatro revoluciones industriales y como si la informalidad no afectara al 85% del empleo.

La propuesta de la constituyente entonces tiene una “agenda” laboral. Es la propuesta colectivista que no cree en la inversión y en los empleos estables y sostenibles, sino en el Estado empleador; es decir, en el Estado que crea empresas al margen de las productividades y competitividades, y que ofrece empleos a sus clientelas políticas. La constituyente, la colectivización del trabajo y el Estado empleador, entonces, son los rostros de una misma propuesta: la destrucción del sector privado.

De allí que sorprende la manera cómo la oposición democrática considera que se puede oponer a la constituyente sin enfrentar los intentos de colectivizar las relaciones de trabajo. Por ejemplo, hasta hoy el Congreso no ha derogado la norma que prohíbe la tercerización laboral y que amenaza 250,000 empleos directos y más de un millón indirectos. La demora en la derogación de esta norma que promueve el desempleo y la informalidad, está significando que muchas empresas comiencen a notificar el cese del vínculo laboral de miles de trabajadores.

Sin embargo, no solo se trata de derogar la norma que prohíbe la tercerización laboral. La oposición debe despojarse de las narrativas progresistas y colectivistas que demonizan al empresario y entender, de una vez por todas, que la única manera de crear empleo y reducir la pobreza de manera sostenida pasa por el crecimiento de la inversión privada.

En ese sentido, frente a los ataques del Ejecutivo, que buscan bloquear nuevas inversiones privadas en el país, la oposición y el Congreso deberían comenzar a discutir qué significa una reforma laboral que formalice el empleo y relance la inversión privada.

Y los ejemplos de los países desarrollados nos indican que la única clave de cualquier legislación laboral proinversión y proempleo es la flexibilidad laboral. Es decir, la capacidad de contratar y despedir de acuerdo a la productividad de las empresas privadas. Como una empresa privada no tiene el subsidio de las empresas estatales, sino depende de su productividad, la capacidad de contratar de acuerdo a los requerimientos de la empresa es fundamental para promover la inversión.

De allí que Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia, los países con mayor flexibilidad laboral (de acuerdo a diversos rankings mundiales), tengan apenas desempleos entre 3% y 5% de la población económicamente activa. Sin ir demasiado lejos, la experiencia de la absurdamente derogada Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que establecía un régimen flexible de contratos agrarios, promovió las inversiones y la formalización del empleo agrario como nunca antes.

Pero eso no es todo. Los millones de emprendedores del país, que actúan a través de centenares de mercados populares, igualmente demandan flexibilidad laboral para superar la informalidad. ¿Qué espera, pues, el Congreso para derogar la norma que prohíbe la tercerización laboral, para restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria e iniciar una audaz reforma laboral?