Decreto que restringe uso de leche en polvo contra consumidores

El Decreto Supremo N. 004-2022 del Ministerio de Agricultura (Midagri), que modifica el Reglamento de la Leche y los Productos Lácteos, prohibiendo el uso de la leche en polvo en la elaboración de leche evaporada, es un atentado sin precedentes en contra de los consumidores, sobre todo las madres gestantes y los niños pobres. ¿Por qué? La señalada prohibición no tiene ninguna justificación científica y solo elevará los precios de la leche evaporada y los lácteos en general.

Como ya hemos informado repetidamente en este portal, la producción nacional de leche fresca solo abastece el 70% de la demanda nacional. El 30% restante debe ser cubierto con leche en polvo. Pero he aquí lo más grave para la industria láctea grande, mediana y pequeña en el país: el 50% de la producción de leche fresca es comprada por pequeñas y medianas empresas lácteas de Cajamarca, Huancayo, Puno y otras regiones. El 50% restante es adquirido por las empresas Gloria, Laive y Nestlé. 

No se necesita, pues, ser economista para entender que los precios de la leche en polvo y los lácteos se irán por las nubes. ¿Quiénes se beneficiarán con la medida? Una coalición de empresarios ganaderos que pretende “ganar competitividad” a costa de los consumidores.

Ahora bien, ¿existe alguna justificación para la medida? Ninguna. La leche en polvo es leche deshidratada que apenas se mezcla con agua recupera todas las vitaminas, grasas y nutrientes que contiene la leche fresca.

Otro de los hechos graves para los consumidores tiene que ver con el artículo 2 del mencionado decreto, que suspende los controles microbiológicos de la leche fresca hasta el 31 diciembre de 2026, generándose un atentado generalizado contra la industria láctea nacional. ¿Por qué? La producción de leche fresca crea naturalmente diversos patógenos que pueden generar graves problemas de salud en las madres gestantes y los niños. Como todos sabemos, la leche fresca sin control puede causar infecciones a través de bacterias agresivas como la Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, entre otras.

Al respecto, la leche fresca sin controles microbiológicos causaría tales problemas de salud en la industria láctea, sobre todo la pequeña y mediana, que simplemente el sector quedaría liquidado. Llegaría entonces el momento de los lácteos importados en general. 

¿Alarmismo exagerado frente al mencionado decreto? De ninguna manera. En el propio Midagri hay clara conciencia del problema, no obstante que se favoreció a una coalición mercantil en contra de los consumidores. En la presentación de un informe del Ministerio de Agricultura, en Piura, se señaló que la producción de leche fresca nacional era de 2.19 millones de toneladas anuales. Semejante producción, según el mencionado informe, se desarrolla a través de 6,500 plantas de derivados de lácteos, de las cuales solo 660 están formalizadas. ¿Cómo entonces se pueden suspender los controles microbiológicos con esa evidente informalidad en la cadena productiva?

Igualmente, vale señalar que el mencionado decreto, de una u otra manera, modifica el modelo económico, cuestiona los principios establecidos en la Constitución y los 22 tratados de libre comercio, que no permiten medidas excepcionales a favor de determinados sectores nacionales de la producción.

Por todas estas consideraciones, vale preguntarse, ¿hasta cuándo el Congreso no derogará el indicado decreto y asumirá la defensa de los consumidores y del modelo económico?