De milagro económico a país que aumenta pobreza

Finalmente, uno de los milagros económicos de América Latina y de los países emergentes ha pasado de ser una sociedad que cuadruplicaba el PBI y reducía pobreza (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo), a uno de que aumenta este terrible flagelo. En la última medición del INEI –más allá de cualquier cuestionamiento y denuncias sobre posibles intentos de maquillar cifras– la pobreza monetaria aumentó de 27.5% de la población en el 2022 a 29% en el 2023.

En otras palabras, los peruanos que deben considerarse pobres pasan de 9.18 millones en el 2022 a 9.78 millones en el 2023. Es decir, un incremento de casi 600,000 peruanos bajo este flagelo social. Por otro lado, diez regiones del país registraron pobreza por encima del 30% de la población y Cajamarca continuó siendo la región más pobre del país con el 44.5% bajo esta lacra social, no obstante que cuenta con una cartera de proyectos mineros de más de US$ 18,000 millones.

¿Cómo explicar este resultado devastador? En vez de mencionar los efectos queremos enfocarnos en la causa central: la caída consecutiva por dos años de la inversión privada es la única explicación de esta tragedia. El 2023 la inversión privada cayó en 7.2% según el BCR, y el 2022 igualmente este indicador terminó en rojo. El derrumbe de esta variable económica también es la explicación de la recesión del año pasado y de la tendencia al bajo crecimiento que se desarrolla desde el 2014 hasta la actualidad, y que nos obliga a hablar de una década perdida.

Cuando en el país sucedía todo lo contrario –es decir cuando la inversión privada crecía sostenidamente -incluso a niveles de dos dígitos– el Perú crecía en promedio 6% anual y reducía entre tres y cuatro puntos de pobreza. De esta manera, en tres décadas de modelo económico, la pobreza retrocedió hasta el 20%, pero luego de la pandemia y del gobierno de Castillo llegamos a este aterrador resultado.

Cualquiera se preguntará por qué la inversión privada es tan determinante en el crecimiento y la reducción de pobreza, por qué ella es la principal explicación del aumento o la reducción de pobreza, el peor flagelo que puede enfrentar cualquier sociedad. En el Perú, la inversión privada representa el 80% de la inversión total; es decir, si ella cae entonces se cae todo. Por otro lado, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales han señalado que del total de reducción de pobreza (del 60% a 20% de la población antes de Castillo) en las últimas décadas, el 80% es aporte del sector privado a través de la generación de empleo.

¿Por qué entonces la inversión privada se bate en retirada en el Perú? Porque desde el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, las izquierdas –en todas sus versiones, ya sea la progresista o la comunista– han lanzado una feroz ofensiva anticapitalista. ¿A qué nos referimos? A la transformación del Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región, repleto de sobrerregulaciones y procedimientos para bloquear y detener las iniciativas del sector privado, los ciudadanos y la sociedad en general. Con la burocratización se ha frenado en seco el crecimiento de la minería, las agroexportaciones, la pesca, el turismo y otras actividades.

La burocratización convirtió al Estado en el principal enemigo del modelo económico establecido en la Constitución y de los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú. Con la inversión privada en retirada y el predominio de las narrativas y fábulas del progresismo en la sociedad llegó Pedro Castillo al poder y gobernó promoviendo una asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales. En otras palabras, liquidando cualquier posibilidad de nuevas inversiones privadas. El resultado fue la recesión del año pasado y el aumento generalizado de la pobreza.

Como se aprecia, pues, las izquierdas en cualquiera de sus versiones, son las mayores fuentes de pobreza en el Perú y en el mundo moderno.