Asaltan la mina Julcani en Huancavelica

La actual crisis política, cuyo más clara expresión son las violentas y delincuenciales tomas de las principales vías de comunicación, es parte uns estrategia muy bien organizada para quebrar el orden democrático e institucional en nuestro país. Y el primer paso de ese plan fueron los asaltos y la destrucción del aparato productivo en el llamado corredor minero del sur, en donde se emplazan las principales minas productoras de cobre.

Durante todo el Gobierno de Pedro Castillo se alentó a las minorías radicales contra las empresas del sector minero, y ni la policía ni el sistema de justicia reaccionaron con la energía necesaria para detener a los vándalos que bloqueaban las carreteras, y destruían los campamentos de las empresas.

En la actual ola de violencia, el ataque a las minas ya se ha vuelto un hábito, sin que a nadie le importe el perjuicio económico que esto representa tanto para las empresas mineras como para el Estado. El último domingo, 5 de febrero, fue atacada la unidad minera Julcani, de la compañía de minas Buenventura, que está ubicada en Ccochaccasa (provincia de Angaraes, región Huancavelica). Fueron casi 300 personas las que asaltaron esta mina y secuestraron a los trabajadores, destruyendo e incendiando todo a su paso, además de robar robaron equipos y material importante.

Julcani es una de las minas en actividad más antiguas del país, pues inició sus operaciones en 1953. El domingo 5 de febrero un grupo de entre 280 y 300 personas que provenía de distintas comunidades, entre estas la de Anchonga, se concentró para tomar por asalto la unidad minera. Movilizados por demandas fuera de lugar, como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, se distribuyeron para ingresar a la fuerza a la mina, mientras que un segundo grupo se ocupaba de bloquear la carretera Huancavelica-Lircay y todos los accesos al distrito de Ccochaccasa.

Después de toda la violencia ejecutada en el lugar, obligaron a los trabajadores a firmar una carta en la que se comprometían a paralizar todo el funcionamiento de la mina: “Mediante el presente documento informamos a nuestros colaboradores y demás interesados que, dada la coyuntura que viene atravesando la provincia de Angaraes y el país en general, la operación minera Julcani está paralizando su operación a fin de salvaguardar la integridad de sus colaboradores e infraestructura”.

Asimismo, el comunicado precisaba que se estaba parando “todo el tema logístico y operacional” y que el trabajo iba a restablecerse “cuando haya garantías para operar de manera segura bajo un acuerdo comunal del distrito de Anchonga”. Al final venía la advertencia: “En caso de incumplimiento se tomarán medidas drásticas”.

Por su parte la compañía Buenaventura ha informado, en un comunicado, que: “A las 11 de la mañana, estos pobladores irrumpieron en el campamento minero para coaccionar a los representantes de Julcani a firmar un acta con contenidos con los que la empresa no está de acuerdo, exigiendo, entre otras cosas, que la unidad minera paralice,  totalmente y hasta nuevo aviso, sus operaciones. Asimismo, obligaron a los trabajadores de la operación a dejar las instalaciones bajo amenazas, apedrearon oficinas y vehículos de la unidad minera y sustrajeron algunas pertenencias”, se lee.

Agregaron en el pronunciamiento que “a fin de velar por la integridad de los trabajadores, la Unidad Julcani ha iniciado la desmovilización de todo el personal y ha suspendido sus operaciones hasta que las condiciones de seguridad sean las adecuadas". Leandro García, el gerente general de la empresa, dio cuenta de que esta paralización se traducía en la pérdida diaria de entre US$ 180,000 y US$ 200,000. Asimismo, perjudicaba económicamente a los 1,200 trabajadores que tiene la unidad minera.