Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
El Congreso debe evitar que termine el crecimiento de las agroexportaciones nacionales que, en dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), posibilitó convocar US$ 20,000 millones en inversiones, contratar más de un millón de trabajadores formales anualmente y reducir la pobreza en las regiones agroexportadoras por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en Ica la multiplicación y la diversificación de las agroexportaciones llevó al pleno empleo y la pobreza se situó por debajo del 10% de la población. En otras palabras, la señalada región se convirtió en la menos pobre del país.
¿Por qué alertamos sobre el declive del milagro agroexportador peruano? La Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) acaba de señalar que el sector agroexportador continuará su línea de crecimiento solo hasta el 2023. A partir de allí, la falta de nuevas inversiones determinará la lentificación del sector.
Como todos sabemos, bajo el amparo de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú y, sobre todo, la entrada en vigencia de la Ley de Promoción Agraria a inicios del nuevo milenio, las agroexportaciones crecieron de US$ 627 millones hasta los US$ 8,842 millones en el 2021. Para el 2022 se proyecta US$ 10,493 millones y el 2023 alrededor de US$ 11,554 millones. Como se aprecia, un crecimiento de más de 1000%, que revela el enorme potencial del sector.
Ahora si reparamos que el milagro agroexportador se desarrolla en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (es decir, 250,000 hectáreas), entonces los límites para la agroindustria están en los cielos. Hay entonces todos los elementos que podrían llevar al Perú a convertirse en un potencia agroindustrial incuestionable del planeta.
¿Cómo fue posible semejante milagro agroexportador? La ley de Promoción Agraria establecía un régimen tributario especial y un régimen laboral de acuerdo a las actividades del sector. Las inversiones en agroexportaciones requieren una tributación especial, porque algunas recién alcanzan rentabilidad en una década. Por otro lado, el sistema laboral, respetando todos los derechos y beneficios sociales, consagró un sistema absolutamente flexible para contratar de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrarias: siembra, cosecha y mantenimiento.
En la combinación de todos estos factores reside la explicación del despegue o del milagro de las agroexportaciones peruanas. Sin embargo, durante la pasada administración Sagasti y bajo la presidencia del Congreso de la señora Mirtha Vásquez se produjo lo que parecía imposible: la derogatoria de la Ley N° 27360, la mejor ley económica de las últimas dos décadas, por sus incuestionables resultados.
De esta manera las nuevas inversiones en el sector continuaron hasta los años 2019, 2020. De allí los capitales comenzaron a emigrar a otros países como Colombia y Ecuador, que pretenden copiar las virtudes de la ley derogada. Paralelamente, las masivas contrataciones de trabajadores comenzaron a declinar. En algunas empresas se llegaba a contratar más de 10,000 trabajadores por campaña. Hoy que se ha desfigurado la flexibilidad laboral en la contratación, las grandes empresas han comenzado a comprar maquinaria para mecanizar los procesos agroindustriales.
Como se observa, es impresionante la vocación destructiva, o quizá la ignorancia de los logros alcanzados por el sector, de quienes promovieron la derogatoria de la mencionada norma.
Por todas estas consideraciones, la mayoría republicana y promercado del Congreso debe salvar a las agroexportaciones del declive y de una mecanización de la producción que reduce las posibilidades de crear empleo formal masivo y, sobre todo, de reducir la pobreza significativamente.
El camino es relativamente sencillo: restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y otorgarle la calidad de permanente. Es más, cualquier reforma del sistema laboral en general debería basarse en las normas de esta ley, dados sus extraordinarios resultados.
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