¡Barbarie en la legislación laboral agraria!

La derogatoria de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, no solo eliminó el régimen promocional tributario que, en dos décadas, posibilitó inversiones de más de US$ 20,000 millones y una permanente reinversión de utilidades, multiplicando las agroexportaciones de US$ 651 millones a más de US$ 12,000 millones de la actualidad, sino que también canceló la flexibilidad laboral. 

Con la flexibilidad en los contratos de trabajo el empleo formal creció de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 a más de un millón de la actualidad, en tanto que los salarios en las regiones agroexportadoras se ubicaban largamente sobre la remuneración mínima vital. La pobreza bajó de tal manera en las zonas agroexportadoras que, en Ica por ejemplo, la pobreza apenas afecta al 6% de su población mientras que el promedio nacional llega al 29%.

En vez de extender los beneficios de la Ley de Promoción Agraria a toda la economía nacional para elevar la productividad del país y crecer a tasas altas, el gobierno progresista y provisional de Francisco Sagasti procedió a derogar la mejor ley económica de nuestra historia. La nueva Ley 31110 eliminó la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo y, muy por el contrario, promovió la colectivización de las relaciones laborales.

En un acto de barbarie económica, de demagogia y de populismo, se creó el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA) que establece que el salario agrario tiene un 30% por encima de la remuneración mínima vital. De otro lado, la nueva ley agraria plantea la contratación preferencial de los trabajadores previos, la creación de sindicatos y promueve la negociación por rama. El resultado inmediato de estas medidas laborales: el fin de la flexibilidad laboral que fue uno de los factores claves del milagro agroexportador en el Perú.

Las inversiones en agroexportaciones se constituyeron en unidades promotoras del empleo formal en los últimos 20 años. Algunas empresas llegan a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por temporada agraria: siembra, mantenimiento y cosecha. Contratos que se desarrollan con el más absoluto respeto a los beneficios sociales y laborales. En general los costos laborales de las empresas agroexportadoras representan entre el 50% y el 60% del total.

Es evidente, pues, que la colectivización de las relaciones laborales en la nueva Ley 31110 destruye la productividad de las empresas agrarias. De allí que, más allá de compras de empresas existentes –empresarios que venden exigidos por las nuevas circunstancias– no se conozcan de nuevas inversiones en el agro. Se calcula que se han dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto y la sobrerregulación laboral explica la pérdida de entre 80,000 y 100,000 empleos mensuales del más de un millón, entre directos e indirectos, que se crean.

Más allá de algunos resultados nominales, el boom agroexportador en el Perú está detenido por falta de inversiones. Si bien las agroexportaciones subieron de US$ 10,000 millones del 2023 a US$ 12,000 millones en el 2024 vale precisar que se trata de un asunto de volatilidad de precios en los mercados mundiales. ¿Por qué? En los dos años señalados las toneladas de agroexportación se mantuvieron en alrededor de 4.6 millones de toneladas de frutas y hortalizas.

El Perú, pues, necesita restablecer la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo y debe proponerse implementar esta política a nivel nacional. Los países que han alcanzado el pleno empleo siempre se han caracterizado por la desregulación de sus mercados y la flexibilidad laboral.