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En medio del abandono de la agricultura nacional por parte del Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre –a pesar del anuncio de una supuesta “segunda reforma agraria”– que se expresa en la imprevisión con respecto a la crisis de los fertilizantes para el agro y el nombramiento (en menos de un año) de cuatro titulares del Minagri, el sector privado ha decidido organizar el evento llamado AGROFEST entre el 22 y el 24 junio de próximos. En el cónclave participarán pequeños agricultores, asociaciones de productores, cooperativas agrarias, municipalidades rurales, gobiernos regionales y empresas agroexportadoras, con el objeto de formular políticas públicas que permitan una verdadera transformación agraria en el Perú.
Según Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), AGROFEST ha venido para quedarse. Es decir, para convertirse en un espacio de convergencia de todos los sectores del agro hacia el gran objetivo de convertir al Perú en una potencia agrícola mundial. El evento cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Promperú y las organizaciones agrarias del sector privado, entre otras.
Como todos sabemos, en el Perú coexisten la mejor agricultura del planeta junto a la más atrasada y excluida de los beneficios de la globalización comercial. Como ya hemos informado repetidamente en este portal, con la vigencia de la nueva Constitución de 1993, la suscripción de 22 tratados de libre comercio y la Ley de Promoción Agraria –absurdamente derogada durante la administración Sagasti– las agroexportaciones crecieron de US$ 627 millones hasta los US$ 9,000 millones en el 2021. El 2023 los envíos al exterior deben superar los US$ 11,000 millones.
En apenas dos décadas –desde la vigencia de la Ley de Promoción Agraria– surgió en el Perú una agricultura del primer mundo, que exportaba a casi todos los continentes y se beneficiaba de un mercado de consumidores de más de cinco millones de personas. Desde la derogatoria de la mencionada ley, y desde el Gobierno de Pedro Castillo, no hay nuevas inversiones en el agro y el crecimiento declinará en el 2023. Sin embargo, es necesario subrayar el potencial de esta agricultura moderna, que solo se desarrolla en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. De otro lado, el 80% del total de empresas agroexportadoras corresponde a pymes agrarias.
Al lado de la mejor agricultura del mundo subsiste la más atrasada, que se desarrolla en condiciones de pobreza y subsistencia. Más de dos millones de minifundistas que poseen más del 95% de las tierras desarrollan una agricultura familiar sin posibilidades de crecimiento. Carecen de títulos de propiedad, de infraestructura de agua, de carreteras y conectividad. Igualmente, la ausencia de derechos de propiedad impide estrategias asociativas para crear economías de escala y acceder a créditos. En este contexto, están marginados de los beneficios de la agroexportación.
Como es evidente, todas las carencias que afectan a los minifundistas son de exclusiva responsabilidad del Estado, de los gobiernos y, particularmente de la administración Castillo. El atraso y la exclusión nada tienen que ver con la Constitución de 1993. Por el contrario, la única posibilidad de superar la pobreza reside en el actual marco constitucional y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país.
A nuestro entender, uno de los principales objetivos de AGROFEST debería ser llevar los beneficios de la agricultura del primer mundo a todos los minifundistas del Perú. Allí reside la clave de una exitosa política pública que se aleje de la propaganda y la extrema ideologización que suelen promover los colectivismos y progresismos.
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