A relanzar el crecimiento, las inversiones y el empleo

Desde que Pedro Castillo llegara al poder e instalara un desgobierno nacional sin precedentes en el Perú, las inversiones se paralizaron y comenzó un desangramiento nacional de capitales. Se calcula que solo por efectos de los anuncios de la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales salieron más de US$ 14,000 millones del país.

Por otro lado, desde entonces no se conoció una sola nueva gran inversión, excepto las que ya estaban en curso. Por ejemplo, en el sector minero se anunció que el proyecto Quellaveco en Moquegua era la última gran inversión conocida, no obstante que en el Perú cada año se solía conocer un nuevo gran proyecto minero. Y esta tragedia sucedía no obstante que los precios del cobre y de los minerales alcanzaron récords históricos en el 2022.

Algo parecido pasó en el sector agroexportador. Si bien este año las agroexportaciones seguirán creciendo y el 2023 alcanzarán los US$ 11,000 millones, desde el 2024 todo será declive. El motivo: no hay nuevas inversiones y la estrella agroexportadora de Sudamérica comenzará a apagarse con lentitud. 

En síntesis, la inversión privada, el principal motor y combustible del modelo, se apagó desde la instalación del Gobierno de Castillo. El 2022 crecerá cero y el 2023 caerá varios puntos. El fracaso del golpe de Estado en el Perú, ¿permitirá relanzar la inversión y el empleo? Es incuestionable que el optimismo en los mercados se desbordará, el dólar seguirá a la baja, y los proyectos de inversión se reactivarán.

Sin embargo, atraer nuevamente capitales e inversiones de largo plazo requiere, igualmente, solucionar la incertidumbre institucional y política de largo plazo. Por ejemplo, llevar a cabo la reforma política y acabar con la fragmentación de las fuerzas políticas, sobre todo de la centro-derecha.

No obstante, el Ejecutivo sí tiene mucho que hacer para avanzar en la recuperación de la confianza y la predictibilidad en las políticas públicas. Una de las primeras cosas que debería hacer el nuevo Gabinete Ángulo es derogar los decretos laborales que promovió Betssy Chávez cuando estaba a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Nos referimos a los decretos que prohíben la tercerización laboral (hoy declarado inaplicable por Indecopi), fomentan la sindicalización en fábricas, ramas y grupos empresariales y liberalizan en extremo el derecho de huelga.

Los señalados decretos incluso motivaron el retiro de los gremios empresariales del Consejo Nacional de Trabajo del MTPE, y motivaron una crítica frontal de la OIT. La razón: los decretos se promulgaron sin consultar con el sector empresarial y buscaban ahogar y ahuyentar la inversión privada en el país. ¿Cómo se puede legislar contra el sector que aporta el 80% de los ingresos del Estado y crea más del 80% del empleo?

Asimismo, otra señal del nuevo Gabinete Angulo a favor de la reactivación de la economía y las inversiones debería ser recuperar la autoridad democrática en las regiones mineras, particularmente, en el llamado Corredor Minero del Sur – en donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional– y las minas del sur de Ayacucho. En estas zonas se han creado verdaderas “zonas liberadas” de la Constitución y el Estado de derecho, en las que se imponen minorías radicales en base a la violencia generalizada.

El Gabinete Angulo debe enviar señales clarísimas acerca de que el fracaso del golpe de Pedro Castillo es el fin del proyecto de la asamblea constituyente y los proyectos del eje bolivariano. La derogatoria de los decretos laborales del MTPE y el restablecimiento de la autoridad democrática en las zonas mineras deberían ser mensajes en ese sentido. Asimismo, la defensa de la reforma meritocrática en la educación y el alejamiento de la influencia maoísta de las prefecturas y subprefecturas en el país. El país necesita señales a favor de la gobernabilidad.