¡A derogar ya la norma que prohíbe la tercerización laboral!

Más de 250,000 empleos directos y alrededor de un millón de indirectos están en peligro por la continuidad del Decreto Supremo 001-2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que prohíbe la tercerización en las actividades principales de una empresa. Se conocen de avisos en empresas privadas –e incluso en dependencias estatales– mediante los cuales se informa de que no se renovarán los contratos porque las empresas no pueden asumir las obligaciones directamente.

De otro lado, más allá del impacto en el empleo directo e indirecto, es incuestionable que el mencionado decreto forma parte de una escalada en contra de la inversión privada, que se expresó en los anuncios del Ejecutivo sobre la asamblea constituyente, las nacionalizaciones y la renuncia a ejercer la autoridad democrática en las zonas mineras. 

Como todos sabemos, la inversión privada crecerá cero este año y el crecimiento inercial de la economía nos permitirá apenas superar el 3% del aumento del PBI; no obstante que, con el precio actual de los minerales, el país debería expandirse por encima del 6%. El decreto que prohíbe la tercerización laboral no solo forma parte de esta lógica anti inversión, sino que ahoga a las empresas que siguen invirtiendo y dinamizando la economía. 

El sector privado entonces enfrenta una doble amenaza: los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, y el proyecto de colectivizar las relaciones laborales. Al respecto vale recordar que la norma que prohíbe la tercerización y el último aumento de la Remuneración Mínima Vital se concretaron sin convocar al Consejo Nacional del Trabajo; es decir, no se consultó al sector empresarial, el sector que invierte y genera empleo. El asunto fue tan grave que, incluso, la Organización Internacional del Trabajo llamó la atención al MTPE.

Por todas estas consideraciones, el Congreso ya debería haber derogado la norma que prohíbe la tercerización laboral y debería haber dejado en claro que el proyecto de colectivizar las relaciones laborales –expresado en la llamada “Agenda 19”– colisiona con la Constitución y la urgente necesidad de relanzar la productividad de las empresas, el único sector que puede crear empleo estable y sostenido en el tiempo.

El proyecto de colectivizar las relaciones laborales y consagrar una legislación anti empresa, de otro lado, tiene el objetivo de elaborar un nuevo código de trabajo para que el mundo laboral funcione a través de sindicatos y negociaciones por rama, como si el Perú hubiese experimentado sus cuatro revoluciones industriales y como si el mundo no se sumergiera en la digitalización.

Cuando el Congreso no deroga con prontitud la norma que prohíbe la tercerización laboral se pone de espaldas a la mayoría de emprendedores del Perú (micros y pequeños empresarios) que, a través de centenares de mercados populares, proveen más del 80% del empleo. Igualmente, se pone de espaldas al sector privado que aporta más del 80% de los ingresos fiscales del Estado.

Y, por supuesto también, el Congreso ignora la experiencia de los países que han logrado crear empleo estable, de calidad. Derogar la norma que prohíbe la tercerización y descartar la colectivización de las relaciones laborales es avanzar hacia más flexibilidad laboral. Al respecto vale señalar que los países con más flexibilidad laboral en el planeta son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia, entre otros. Y generalmente son países que solo tienen tasas de desempleo entre 3% y 5% de la población económicamente activa.

¿Qué espera, pues, el Congreso para derogar la norma que prohíbe la tercerización laboral?