Según la propuesta del Ejecutivo la vigencia del Regist...
En el departamento de Lambayeque, en el proyecto de irrigación Olmos -Tinajones, la escasez de agua ha puesto en peligro más de 40,000 hectáreas de cultivos. El motivo: la sedimentación de la presa Limón por falta de mantenimiento por parte de la operadora Concesionaria Trasvase Olmos. Existe el fundado temor de que la falta de agua se prolongue, una situación que afectará a pequeños, medianos y grandes agricultores.
En este contexto, todos los agricultores de la zona han realizado un llamado urgente a la operadora para que asuma con urgencia sus responsabilidades en el mantenimiento de la presa Limón y que se restablezca la normalidad en el flujo de los recursos hídricos. La descolmatación de la presa es un asunto de extrema urgencia. De lo contrario, se ponen en peligro cultivos y agroexportaciones que no resisten la falta de agua.
El problema de la sedimentación de la presa Limón se debe al lodo que arrastra el río Huancabamba al momento de ser embalsado, por la falta de mantenimiento de la infraestructura; no obstante que las empresas agroexportadoras pagan más de US$ 20 millones anuales por el costo del agua. Por su lado, mediante comunicado, la operadora señaló que el problema se explicaba por caudales mínimos del río Huancabamba.
Una de las condiciones para que el Perú se convierta en una potencia agroexportadora mundial es una eficiente colaboración entre el Estado y el sector privado en el desarrollo de estrategias de construcción, desarrollo y mantenimiento de las obras de infraestructura hídricas. Los grandes proyectos como Majes Siguas II, Chinecas y III Etapa de Chavimochic no avanzarán si no existe una alianza público privada.
Cuando el modelo falla se favorece al discurso estatista y colectivista que plantea que el Estado asuma y desarrolle todas las obras de infraestructura. Es necesario, pues, resolver con urgencia el problema de la presa Limón, no solo para salvar 40,000 hectáreas de cultivos, sino también para preservar el modelo de alianza público privada en el desarrollo de las agroexportaciones nacionales. En este contexto, el Gobierno Regional también tiene una directa responsabilidad en la promoción de una alianza público privada eficiente, que brinde soluciones con urgencia en base al diálogo entre los usuarios y el sector privado.
En cualquier caso, un argumento más para exigir la aprobación de una nueva ley de promoción agraria que fomente inversiones y plantee un modelo eficiente de alianza público privada.
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