Tomando al toro por las astas

El mensaje del presidente Martín Vizcarra resulta alentador. Y esperamos que marque una nueva etapa en la vida del país, al mostrar el sincero propósito de su Gobierno para acabar con la lacra de la corrupción que tanto daño hace al país, provocando que el pueblo pierda la fe en sus instituciones. El anunció de la conformación de una “Comisión de alto nivel”, con profesionales calificados y de probada solvencia moral, es algo que se caía de maduro y que resulta fundamental para reformar las leyes y reglamentos que rigen la administración de Justicia en el Perú.

El mensaje presidencial tranquiliza los indignados ánimos de la ciudadanía frente a los audios difundidos por el Instituto de Defensa Legal (IDL), en los que se demuestra la poca vergüenza de los que hoy manejan instituciones tan importantes como el Consejo Nacional de la Magistratura y la Corte Superior de Justicia del Callao. Y también las andanzas corruptas de un juez supremo, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, demostrando que urge una profunda reforma en todo el sistema judicial.

Las coimas que hoy se pagan para obtener beneficios de la justicia —como el tráfico de influencias, el cohecho pasivo, el acoso sexual y otras tantas lacras que se denuncian frecuentemente— tienen que acabar, tanto en el Poder Judicial como en las otras Instituciones Públicas. Por eso resulta oportuno el mensaje presidencial, correspondiéndole al Congreso de la República hacer un deslinde con la corrupción y demostrar con hechos su compromiso con el Perú. Para ello debería realizar, en coordinación con el Ejecutivo, las acciones necesarias para concretar una reforma profunda del sistema de justicia del Perú. La inercia en esta escandalosa situación podría traer imprevisibles consecuencias, así que se debe “tomar al toro por las astas”, como parece haberlo entendido el primer mandatario.

Indigna escuchar a un juez supremo preguntar si una menor de diez años de edad ha sido desflorada o no, y muy suelto de huesos preguntar, refiriéndose al culpable, “¿Quiere que lo declare inocente o que le disminuya la pena?”.

Por otro lado, la sola mención a la Señora K —refiriéndose probablemente a Keiko Fujimori— debe dar lugar a que Fuerza Popular demuestre, a través de sus representantes en el Congreso, su compromiso para que, en conjunto con el Ejecutivo, se realice una profunda reforma judicial en el corto plazo, respondiendo al clamor popular.

Es claro que no solo caben sanciones. El sistema judicial necesita ser reevaluado y reestructurado con pulcritud, asegurando que en la nueva designación de jueces y fiscales a nivel nacional prime la calidad moral y profesional de los seleccionados. Son cientos los malos jueces que liberan o dan penas benignas a narcotraficantes, homicidas, violadores o autoridades corruptas, municipales y de gobiernos regionales. Muchas cárceles cobijan inocentes sin juzgar, mientras los peces gordos caminan libremente por las calles o se ufanan de ser amigos de magistrados y políticos.

Hoy los protagonistas son César Hinostroza, Walter Ríos, Julio Gutiérrez o Guido Ávila. Pero hay muchos otros responsables que cometen delitos en nombre de la justicia, como el presidente de la Primera Sala Superior Penal, Rómulo Carcausto, quien ordenó la libertad de Ollanta Humala y esposa; liberó al Gobernador Regional del Callao, Félix Moreno; sacó del caso de la Interoceánica a los ejecutivos de Graña y Montero, J. Camet y a ICCGSA, por la coima de 20 millones de dólares en favor de Alejandro Toledo; y recusó a jueces como Richard Concepción Carhuancho, dejando abierta una puerta para que otros acusados por delinquir también obtengan su libertad evadiendo la justicia.

Creemos en las buenas intenciones del presidente de la República, y ojalá que el 28 de julio próximo ponga a disposición del Congreso de la República el Proyecto de Ley para realizar una reforma judicial que cubra las brechas que hoy presenta el sistema judicial. Y también para luchar frontalmente contra la corrupción, castigando ejemplarmente a los malos elementos enquistados en el aparato del Estado, y que sirva de escarnio para aquellos que quieran seguir el camino de la corrupción.