Sector energético en la agenda política electoral

La judicialización de la política y la politización de la justicia han devenido en que la discusión de los temas trascendentes de la economía pase a un segundo plano. Es el caso del sector energético, que va más allá del recurrente tema de Petroperú, e involucra el mercado de combustibles líquidos, los biocombustibles, el gas natural (GN) y la electricidad donde las renovables están relegadas. 

En el drama de Petroperú, consecuencia de un endeudamiento irresponsable –aunque lo han sido suficientemente señalados–, la vocación gubernamental, que combina el temor del qué dirán con nostalgia setentera y doctrina estatista, no ha permitido plantear salidas que signifiquen la mejor alternativa de uso de recursos del tesoro público. Se han enredado y hacen esfuerzos costosos para entregar el presente griego al nuevo gobierno en el 2026. Las respuestas y propuestas de la clase política están ausentes.

En el caso de los combustibles líquidos, el diésel es el preferido en el transporte de carga y en las operaciones mineras, donde ni el GN ni la electromovilidad, son sustitutos. La tendencia será el incremento de la demanda, con la importación en lugar preferente. Hay concurrencia de agentes de mercado y competencia, pero carencia de capacidad de almacenamiento descentralizada. Inmovilismo sobre el particular.

Se ha pasado al olvido el uso de biocombustibles, es decir etanol y biodiésel, que pueden ser producidos en calidad competitiva y en cantidad suficiente para abastecer el mercado nacional sin favoritismo alguno. Sin embargo, el dumping y las triangulaciones para eludir derechos antidumping y compensatorios se han impuesto. La inclusión social rural y los cultivos alternativos a la hoja de coca están olvidados.

En los líquidos, el gas licuado de petróleo (GLP) es el segundo en volumen consumido, utilizado mayoritariamente por los hogares y cumple un rol social, por ser el combustible que puede llegar a lugares remotos, donde las redes de gas natural resultan onerosas. No hay política definida sobre su promoción y subsidio para poblaciones vulnerables. 

La masificación del GN se ha convertido en una letanía de reclamo por parte de los concesionarios de distribución, donde las empresas colombianas constituyen una concentración empresarial que con su despliegue mediático trata de imponer condiciones a los gobiernos. Se requiere un sinceramiento y confrontar la propaganda con aroma a café.

En la producción de GN, las empresas del llamado Consorcio Camisea, son los que quieren marcar lo que se debe hacer. En 20 años de operación ha habido beneficios recíprocos para productores y consumidores, pero una gran carencia, la reposición de reservas. En el caso de Camisea (lote 88), el horizonte solo es para 19 años, que desincentiva la inversión en las termoeléctricas y en el caso de Pagoreni-Mipaya (lote 56), se tiene reservas solo hasta el 2031. Los políticos no han dicho nada. 

En electricidad la generación dentro de las redes de concesión de distribución, llamada generación distribuida, tiene 16 años de espera para ser reglamentada, es evidente que no es una casualidad. 

Por el lado de la generación de electricidad con renovables (RER), nunca ha habido un pronunciamiento ministerial sobre su participación en la demanda, silencio que lleva 11 años, tampoco es casualidad. Como tampoco lo es la postergación de una legislación para que las solares y eólicas puedan vender energía en competencia a las distribuidoras. 

La lista de pendientes es prolífica y lo que se necesita es un gobierno que no actúe para favorecer a grupos de interés antes que el Estado, estamos a la espera del partido político que predique en el sentido correcto.