Se va cerrando el círculo

Con la decisión de Manuel Chuyo, juez del Sistema Anticorrupción, de impedir la salida del país —durante ocho meses— a Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, y a su ex gerente general José Miguel Castro, ambos acusados de haber recibido una coima de tres millones de dólares de Odebrecht y un millón de dólares de OAS. Se va “cerrando el círculo” en torno al escandaloso sistema de corrupción Lava Jato, establecido por las constructoras brasileñas en nuestro país y en gran parte de naciones latinoamericanas y del mundo.

Pese a las ardorosas y reiteradas negativas de Susana Villarán, las evidencias que la Fiscalía va encontrando en el camino son contundentes porque están sustentadas en las declaraciones de Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht, y de Valdemir Garreta, propietario de la empresa FX Comunicaciones, que se encargó de dirigir la campaña del “No” durante la revocatoria. Y también porque la Fiscalía ha establecido que Villarán y Castro sostuvieron varias conversaciones telefónicas con Barata durante el primer trimestre del 2013, para solicitarle apoyo económico.

De esta manera, la subvención a la campaña del “No” por parte de las constructoras ha quedado tipificada como delito de cohecho pasivo y lavado de activos, en vista que los implicados eran funcionarios públicos en ejercicio. Ahora nos llama la atención que personajes centrales de esa campaña —como Anel Townsend, tesorera y vocera del “No”— digan que desconocían la procedencia del dinero, y que su apoyo a la causa fue por convicción y por amor al arte.

Igual actitud adoptaron el ex teniente alcalde Eduardo Zegarra, las ex regidoras Marissa Glave e Indira Huilca, Gustavo Guerra García y Augusto Rey de Castro, todos elementos de izquierda muy cercanos al movimiento Fuerza Social que lideró la ex alcaldesa, hoy en desgracia. Ahora tres de ellos —Gustavo Guerra García, Anel Townsend y Salomón Lerner, el inefable empresario que sirvió de contacto entre la mafia brasileña y Ollanta Humala y Susana Villarán— tendrán que explicar, mañana viernes, a la Comisión Lava Jato del Congreso su participación en este sonado caso .

La clave aquí es que el desembolso del dinero para la campaña del “No” se hizo inmediatamente después de la firma de los contratos que favorecieron ampliamente a los intereses de Odebrecht y OAS, en desmedro del Estado peruano. Recordemos que la Municipalidad de Lima benefició en el 2012 a Odebrecht con la ampliación de la concesión Línea Amarilla, llamado luego Vía Parque Rímac. Asimismo se extendió la concesión de los peajes de 30 a 40 años para OAS.

Por otro lado, en el 2013 Susana Villarán firmó con Odebrecht otro contrato por US$ 499 millones para rehabilitar cien kilómetros de pistas en Lima, y autorizó el cobro de peajes antes de que culminen las obras, lo que permitía a la constructora recuperar la totalidad de su inversión en los primeros cinco años. Lo mismo pretendió hacer con el peaje en Puente Piedra, pero la protesta popular y la decisión de Luis Castañeda de dejar sin efecto la medida lo impidieron.

¿A qué se debía tanta generosidad con los brasileños en desmedro del Estado? La respuesta fluye por sí sola. A los implicados en el caso Lava Jato se les está juzgando por las coimas recibidas de la corrupta “Caja 2” de Odebrecht. Pero falta todavía que rindan cuentas por las obras públicas deficientes, abandonadas e inconclusas que nos han dejado como pesada herencia las constructoras. Es por ello que se espera que los jueces y fiscales actúen con celeridad para sancionar a los responsables. Así mismo, se requiere una acción efectiva de la Contraloría General de la República para impedir el cobro de “diezmos” a los proveedores, por parte de funcionarios corruptos en los organismos públicos que siguen haciendo de las suyas.

Si la justicia actúa con transparencia y celeridad, los peruanos descubriremos, de a pocos, la punta de un iceberg de corrupción que está vigente en el Perú desde hace muchos años. Y que, por la salud del país, debe ser erradicado de raíz.