Recuperar el orden: estrategias contra el crimen

El Perú enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. No se trata solo de un aumento en la criminalidad, sino de un desafío estructural que amenaza la estabilidad del Estado. A través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP), el gobierno libra una batalla constante contra el crimen organizado, el sicariato y la extorsión, que han expandido su control sobre amplias zonas del país. Ante este escenario, fortalecer las fuerzas del orden es crucial para erradicar estas amenazas y restaurar la confianza ciudadana.

En 2024, el país alcanzó un récord alarmante de 2,126 homicidios, el año más violento de la última década. Más de la mitad de estos asesinatos fueron perpetrados por sicarios, una práctica que ha dejado de ser exclusiva de disputas entre bandas y ahora afecta a empresarios, periodistas, políticos y ciudadanos que rechazan someterse a las reglas del crimen. La extorsión ha escalado a niveles críticos, con 17,630 denuncias registradas en el último año, afectando especialmente a comerciantes, transportistas y colegios. Esta situación demuestra que el crimen no discrimina y representa una amenaza para toda la nación.

El Ministerio del Interior ha tomado medidas decisivas para contener la violencia, pero enfrenta un obstáculo persistente: la corrupción en el Poder Judicial. Mientras la PNP realiza operativos y detenciones significativas, numerosos criminales logran su pronta liberación gracias a la protección de jueces y fiscales corruptos. Esta infiltración del crimen organizado en las instituciones judiciales ha debilitado la efectividad de las fuerzas de seguridad y generado una sensación de impunidad generalizada.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 86.1% de la población urbana considera que podría ser víctima de un delito en los próximos doce meses. Este temor no es infundado, sino el reflejo de una realidad en la que la delincuencia sigue operando con impunidad. La crisis de seguridad no solo compromete la vida de los ciudadanos, sino que también afecta el crecimiento económico del país, alejando la inversión y erosionando la confianza en las instituciones.

El momento de actuar es ahora. El Perú necesita una estrategia de seguridad integral y sostenible que priorice la depuración del Poder Judicial para eliminar jueces y fiscales corruptos, el fortalecimiento de la Policía Nacional con más presupuesto y mejor capacitación, la modernización del sistema de inteligencia para anticipar y desarticular redes criminales, una mayor inversión en tecnología y videovigilancia, el refuerzo del sistema penitenciario para impedir que las cárceles se conviertan en centros de operaciones del crimen, y programas de prevención para alejar a los jóvenes de la criminalidad.

El Ministerio del Interior y la PNP han demostrado su compromiso con la seguridad del país, pero sin un Poder Judicial que actúe con determinación, sus esfuerzos seguirán viéndose limitados. La seguridad no es solo una cuestión de delincuencia, sino de la supervivencia del Estado. Si no se implementan reformas urgentes en el sistema judicial, la historia juzgará a quienes permitieron que el Perú sucumbiera ante el crimen organizado.