¿Qué tan democráticos somos?

¿Justificarías un golpe de Estado? En principio, la respuesta debería ser negativa. Toda vulneración al régimen constitucional de cualquier nación debe ser inequívocamente condenada. Pero planteemos una excepción, hagamos trampa: si las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno de Nicolás Maduro, ¿te parecería justificable? Muchos sostendrán que dicho régimen es el fruto de fraudes sistemáticos. No obstante, su origen formal se encuentra en procesos democráticos, y desde una perspectiva legal, un alzamiento armado sigue siendo igualmente reprochable. No se combate la ilegalidad mediante actos igualmente ilegales.

¿Es el Perú realmente un país democrático? El respeto por la voluntad popular se encuentra en sus horas más bajas. La vacancia presidencial se ha institucionalizado como una práctica ordinaria más que excepcional, y ha llegado a condicionar el resultado mismo de cada elección. Todo indica que seguirá siendo así.

Por otro lado, el pueblo peruano no se ha mostrado como el más ferviente defensor del sistema democrático. Así lo evidencia la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que revela que el 52% de los ciudadanos estaría dispuesto a avalar un golpe de Estado protagonizado por militares. Una cifra alarmante que se asemeja a los resultados de julio de 2024, cuando la misma institución señaló que el 53% de peruanos declaraba no creer en la democracia.

En apenas dos años, más de la mitad del país habría dejado de confiar en el sistema democrático. Esta tendencia debe ser analizada con mesura, ya que no responde únicamente al gobierno de turno, sino a un sistema político que ha fallado de manera sistemática al pueblo —y a un pueblo que, tal vez, tampoco esté aún preparado para sostenerlo. 

No es casualidad que, haya sido un golpista  a rajatabla, una gran parte de la ciudadanía siga respaldando el régimen de Alberto Fujimori. Porque, más allá de sus transgresiones al orden democrático, se dedicó  a resolver las necesidades urgentes del país. Para ese sector, aquello bastó para validar su mandato, legitimando el mandato fujimorista.

Hoy, como en décadas pasadas, la democracia nos ha fallado. No solo en términos teóricos, sino también en cuanto a la idoneidad de su ejecución. Si el sistema democrático no es capaz de garantizar estabilidad, muchos se preguntan: ¿para qué sostenerlo?

Sin embargo, haciendo un examen de conciencia, debemos reconocer que el fracaso democrático también recae sobre nosotros mismos. Hemos sido incapaces de ejercer un voto que otorgue gobernabilidad. Y ante esa incapacidad, ahora el 52% del país estaría dispuesta a buscar estabilidad por vías en las que no participan, como sería un golpe de Estado. Eso sí, lo apoyarían solo si responde a sus aspiraciones: un líder autoritario que les provea la estabilidad que no han logrado alcanzar por medios democráticos.

Desde una perspectiva práctica, un golpe de Estado es una apuesta incierta, una moneda lanzada al aire. No es garantía de orden ni de progreso. Al contrario, es una antesala del caudillismo y la inestabilidad, pues en un gobierno centrado en una sola figura, nadie puede prever lo que sucederá. En teoría, podría imaginarse un golpe con intenciones nobles: combatir la delincuencia, la inflación, la minería ilegal, entre otros males. Un hipotético “Fujimori 2.0”. Pero no hay forma de garantizar tal desenlace. Si el golpe lo liderara alguien como Maduro, ni la izquierda ni la derecha lo respaldarían. Por lo que, claramente, no es la solución.

A menos de un año de las próximas elecciones, es vital tomar conciencia para no repetir el ciclo de frustración y caos que se ha perpetuado durante casi una década. Debemos asumir la responsabilidad de elegir, por la vía democrática, a alguien que nos conduzca hacia la estabilidad. No podemos seguir esperando que esta llegue mágicamente, entre ráfagas de metralla, por obra de un mesías armado. Por más de que, ciertamente, es improbable que la línea de votantes cambie para este 2026.