Plan Bicentenario: generalidades y mensajes peligrosos

Pedro Francke, flamante Ministro de Economía y Finanzas, pretende aparecer como el factótum de la generación de confianza del gobierno de Pedro Castillo, y muestra como guía rectora de su futura gestión el Plan Bicentenario, que fue presentado por el partido Perú Libre para el ballotage que definió la Presidencia de la República.

El escueto documento de 17 páginas, en siete puntos resume un plan de gobierno para conducir una nación que hace grandes esfuerzos para recuperarse del desastre económico por los meses de confinamiento obligatorio en que nos sumió el exmandatario Martin Vizcarra. Voy a referirme a dos de los puntos que van entre generalidades y mensajes que generan incertidumbre.

En el punto 2, bajo el título “Relanzamiento del empleo y la economía popular”, se refiere a tres aspectos: 1) regular activamente a los monopolios y oligopolios. Pero no se proporciona ninguna señal como se hará: ¿regulando precios acaso?, ¿obligando a vender parte del accionariado de empresas? 2) Se afirma que, “es imposible reactivar la economía en medio de censura de gabinetes”. El aserto es correcto, pero ¿se puede no hacerlo cuando el Consejo de Ministros está conformado por legos proclives a estropicios, como es el caso actual? 3)  Se compromete a frenar la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado. Sobre este punto haré una digresión.

Las importaciones en las que existe dumping o ingreso de productos subsidiados en su país de origen ha sido un punto muy vulnerable para las empresas locales desde la apertura del mercado en los años noventa. Los mecanismos utilizados por las empresas proveedoras se sofistican en el tiempo y nuestro organismo de defensa de la libre competencia, Indecopi, tiene hasta la fecha limitaciones para la actuación oportuna. En más de una oportunidad me he referido a las triangulaciones de biodiésel que se hacen con producto americano o argentino, sujetos en el Perú a pago de derechos, que ingresan luego de algunos periplos por hubs europeos. 

Hasta el momento no se ha podido detener estas prácticas, por su complejidad, y los perjudicados no solo han sido las plantas productoras locales de biodiésel, sino también las 48,000 personas que trabajan en la cadena productiva de la palma aceitera, que es un cultivo alternativo a la hoja de coca. Pregunto ¿cómo piensan revertir la situación? Ni una idea fluye en el plan presentado. 

En el punto 4 del documento en mención, aparece titulado como “Aporte Justo de Empresas”. Aquí también se mencionan tres puntos, que vale la pena comentar: 

1) Nacionalizar nuestras riquezas, es decir hacer que estas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas e impuestos. La referencia nos lleva inmediatamente a los hidrocarburos y la minería: En la primera, en los últimos 10 años no ha sido posible conseguir inversores; y en la segunda, por protestas sociales las empresas tienen dificultades para desarrollar sus proyectos. En estas condiciones, es el momento menos apropiado para este tipo de decisiones; ahuyentarán a los pocos interesados en venir a invertir. 

2) NuevoIimpuesto a las sobreganancias, producto de un diálogo nacional descentralizado. No hay ninguna referencia a cómo nos colocaría en un ranking de competitividad internacional. 

3) Renegociación de estabilidad tributaria con grandes empresas. La necesidad de mayor recaudación es incuestionable; pero en el clima de desconfianza generado en una semana de gobierno, la predisposición de las empresas a nuevas condiciones no existirá, pues no saben qué otros flancos les abrirá la prédica radical del Poder Ejecutivo.

En resumen, nada concreto y mucha desconfianza generada.