Pena de muerte informal

Durante el 2023, según el Ranking de países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de homicidios, el Perú habría registrado más de 1,000 asesinatos, como consecuencia de las actividades ilícitas perpetradas por la criminalidad. Cuando se pregunta a las autoridades sobre qué están haciendo para reprimir la delincuencia, la respuesta es casi siempre la misma. Por un lado, los fiscales indican que carecen de pruebas suficientes para detener a los delincuentes y, por el otro, la Policía Nacional señala que ellos cumplen con su trabajo y que los funcionarios del ministerio público no colaboran.

Entre estos dimes y diretes se encuentra el ciudadano de a pie, aquel que trabaja y le arrebatan el celular y hasta la vida si se resiste, el emprendedor que con gran esfuerzo generó su propio empleo y es sujeto de la extorsión, la familia a quien secuestraron un hijo y es amenazado con privarlo de la vida si no acceden al pago de una cuantiosa suma de dinero que no siempre disponen.

Se dice que en el Perú el derecho a la vida está garantizado y que no existe pena de muerte salvo traición a la patria en caso de guerra exterior; pero, la realidad y la evidencia demuestra que a la delincuencia le interesa muy poco lo que diga la Constitución. En el Perú existe pena de muerte decretada por la delincuencia y una normatividad que impide al estado brindar una respuesta equivalente con la finalidad de cumplir su función primigenia, preservar la vida y seguridad de sus ciudadanos.

Si un policía, un representante del estado, es condenado a prisión por abatir a un delincuente, sea que esté o no en servicio, ¡qué podemos esperar hacia adelante!, la inacción de las fuerzas del orden. El velatorio para el ciudadano de bien víctima del delincuente y la libertad del causante, por más que le sindique como prófugo de la justicia. El criminal siempre está al margen de la ley, no le importa que se le etiquete como requisitoriado.

No obstante el incremento de la delincuencia, la PNP debe lidiar con ésta a pesar de los escasos recursos que dispone para investigar y proteger a la población. En Lima, la Municipalidad Metropolitana está entregando unidades motorizadas a la PNP con la finalidad de contribuir en la lucha contra la delincuencia, pero el esfuerzo que representa para la comuna puede verse diluido si no funciona la coordinación entre la PNP, el Ministerio Público (al parecer más enfrascado en sus luchas de poder internas), el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.

La ciudadanía demanda efectividad, está cansada del sicariato, las extorsiones y los secuestros. Es consciente que el marco legislativo ideal, que supone la rehabilitación del delincuente no funciona y que las cárceles se han convertido en escuelas y universidades del crimen antes de una oportunidad para que el delincuente reflexione y retorne al redil.

Cabe preguntarse si es justo lo que padece la ciudadanía, la condena a una muerte ilegal a manos de la delincuencia. El poder legislativo debe tomar medidas excepcionales, como el restablecimiento de los jueces sin rostro, que resultaron muy útiles para derrotar el terrorismo. Por su parte, el ejecutivo, debería trasladar los centros penitenciarios a zonas alejadas donde los internos no puedan comunicarse con el exterior. Trasladar el costo del mantenimiento de los internos hacia sus familiares o brindarles la opción de trabajar portando grilletes electrónicos, sea para construir vías de penetración u otras obras públicas.

Lo que sucede en la actualidad es inconcebible, el delincuente veja al ciudadano y si el criminal es detenido, procesado, juzgado y sentenciado a carcelería efectiva, a través de los impuestos pagados por la víctima –el ciudadano de bien– debe ser mantenido sin trabajar, planificando cómo vengarse. ¡Un absurdo!