Parlamento, Ejecutivo y Judicatura

La historia y evolución de las funciones del poder han marcado tres siglos bajo el sucesivo protagonismo de cada una de estas instituciones y sin comprometer su interdependencia, los cuales fueron decisivos en sus respectivos periodos históricos.

En el siglo XIX, el parlamento consolidó el tránsito de las monarquías absolutas a las constitucionales. El poder dejó de ser una designación divina al monarca, para convertirse en un gobierno de asamblea y una jefatura de Estado presidida por la Corona como institución neutral. De este modo, el parlamento era un eje central y funcionaba como un espacio institucional donde, mediante la separación de poderes, se limitaba la autoridad del Ejecutivo que debía ocuparse de resolver los conflictos sociales y políticos aplicando la fuerza de la ley elaborada por los parlamentos. Es un periodo también marcado por exigencia de responsabilidad ministerial, obligar a rendir cuentas y mantener la confianza de las cámaras para no ser censurado. El modelo de asamblea británico fue el referente de estabilidad y modernidad para el resto del mundo. De este modo, el parlamento se transformó en la institución clave que otorgaba legitimidad al sistema político sentando las bases de las democracias modernas (la era de la palabra).

La sociedad industrial del siglo XX le dio mayor protagonismo al Ejecutivo, pues, el debate parlamentario cedió el paso a la gestión técnica y burocrática de la comunidad política. La aparición del paradigma del Estado Social delegó al gobierno la tarea de ser un gestor para proveer los servicios públicos, promotor de la economía, administrar el bienestar social y priorizar la eficacia sobre la deliberación parlamentaria. Con la reconstrucción europea tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la delegación legislativa temporal fue concedida al gobierno, así como también la expedición de los decretos de urgencia bajo circunstancias extraordinarias y con límites. De este modo, la administración pública desarrolló estructuras tecnocráticas con dimensiones capaces de implementar políticas públicas a gran escala. Es así como el Ejecutivo pasó de observar y promulgar la legislación, a ser una compleja maquinaria que gestiona la vida social y económica de los ciudadanos (la era de la acción).

En la actualidad y en una coyuntura de crisis de legitimidad de los partidos y de las clásicas instituciones políticas, el siglo XXI se erige como el momento de los jueces. Ante la judicialización de la política, los jueces y tribunales resuelven los conflictos sociales; desde este punto de vista, cuando interpreta los derechos fundamentales y aprueba sus precedentes como reglas jurídicas, la judicatura es el último bastión para limitar al ejecutivo y el parlamento. Se trata de un protagonismo donde el juez es el guardián de las garantías individuales y los derechos fundamentales.

En ese sentido, la ciudadanía y la presión de los medios recurren a la jurisdicción nacional y supranacional para exigir el cumplimiento de las políticas públicas, la protección del medioambiente y la reparación a las víctimas en casos de derechos humanos para que sus sentencias, mediante razones suficientes, terminen estableciendo los límites de lo justo y posible en la comunidad política contemporánea (la era de la garantía). En conclusión, en palabras de Montesquieu, los jueces de la nación dejaron de ser “la boca que pronuncia las palabras de la ley”; sin embargo, el riesgo sobreviniente será el cuestionamiento ciudadano de aquellos fallos judiciales que resuelvan conflictos sobre la implementación de políticas públicas, en razón a que su autoridad no proviene de una elección popular.