Paridad, equidad y alternancia

 

Como es de conocimiento ciudadano, el Poder Ejecutivo hizo llegar al Congreso de la República algunos proyectos de ley que, desde la perspectiva gubernamental (es decir, desde Palacio de Gobierno), eran proyectos perfectos, estudiados, supuestamente “indispensables”. Por lo tanto, el Poder Legislativo debía simple y llanamente aprobarlos, pasándolos rápidamente, casi a manera de mesa de partes. Existía, entonces, un soterrado indicador, a manera de amenaza, que implicaba un posible cierre del Congreso, en caso de negativa. Hasta plazo perentorio recibieron los legisladores.

Entre los 12 proyectos de ley que ingresaron a la mesa de partes del Congreso, uno de ellos se refiere a la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, buscando introducir cambios en los artículos 18, 20, 21 y 116 de dicha norma.

Es precisamente el artículo 116 el que deseamos comentar en esta oportunidad. Y gracias la gentil iniciativa de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, doctora Rosa María Bartra, se me invitó a exponer, ante dicha Comisión, mi punto de vista respecto a la paridad y alternancia que el Ejecutivo propuso.

El tema de la paridad, entendida como la obligatoriedad de cumplir con un determinado porcentaje de curules en manos de mujeres, fue debatido ampliamente por los invitados a esa sesión. A mi criterio, fue insuficiente la participación congresal pues, en esa oportunidad, no surgió una idea fuerza que pudiera ser entendida como pauta común. No obstante, se plantearon varios puntos de vista. Entre ellos, destaco el hecho de que se entienda que la participación femenina en actividades políticas no se incrementará por una norma. Como lo expresé claramente, las mujeres participan y participarán, no por una ley, sino cuando quieran. A mi entender, existe una severa inequidad nacional en cuanto a la educación y ello determina, creo, la menor presencia de las mujeres en todo ámbito de cosas.

Una reciente encuesta de IPSOS, que realiza el primer estudio de equidad de género en las empresas, señala que si bien el número de mujeres tiende a aumentar en la colocación en altos puestos con mando y jerarquía, hay tres factores que siguen siendo determinantes: invisibilidad, derechos por maternidad y estereotipos femeninos.  Algo similar existe en el ámbito político, en donde la mujer va incursionando, con éxito, pero lentamente.

En la sesión a que he hecho referencia, la congresista Luz Salgado hizo recordar que ella y la Dra. Martha Chávez eran autoras de la Ley de Cuotas para el Congreso. Pero mi inquietud se orienta más a la comprensión de que la mujer es, ya lo dijo Aristóteles, una persona con iguales potencialidades intelectuales y laborales que el hombre. Y desde esa perspectiva, sus derechos son naturales, no por cupos.

Una norma que establece cupos, cuotas o porcentajes no va a motivar a que las mujeres participemos más. Quizá si el Congreso fuera visto y percibido como una institución que refleje el lado positivo de la política y de lo que significa el privilegio de representar a la sociedad y a los electores (es decir, que se muestre y se perciba como un poder del Estado probo, eficiente, productivo, realista y cercano a la comunidad a la que sirve), las mujeres nos acercaríamos más a él, en nuestra vocación natural hacia el servicio.

La norma aprobada es muy peculiar, y pienso que se ha aprobado exclusivamente para atender a un pedido perentorio de Palacio de Gobierno, sin que exista sustento técnico ni administrativo que la respalde. No comprendo por qué se cree que nosotras, las mujeres, necesitamos que nos administren nuestros derechos, dándonos a cuenta gotas y de manera arbitraria los cupos de participación. Ese “creciente” porcentaje de participación aprobado es discriminatorio y paternalista. Se ha señalado en el texto aprobado que en el 2021 habrá 40% de mujeres en las listas al congreso; en las elecciones del 2026, 45% y recién en el 2031, se llegaría a la paridad con el 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Y si quisiéramos ser mayoría? 

Otro asunto complicado es el de la alternancia, pues puede convertirse en una herramienta de gran injusticia y de injerencia en aspectos internos de los partidos políticos que, como sociedades de derecho privado, pueden organizar sus cuadros.

En fin, me parece que se ha confundido paridad con equidad, equidad con justicia, y en nada se atacan las raíces de la menor presencia femenina que se quiere erradicar.  Los derechos naturales no se crean por ley; su conocimiento y puesta en práctica se incentiva y defiende con y por la educación, actividad gravemente postergada en nuestro país. Es mediante una educación de calidad y excelencia para todos los peruanos, que el futuro verá mentes preclaras y ciudadanos de primera que deseen ser parte de la actividad política en este país. No por cumplir una cuota, sino por voluntad y capacidad para servir.