Ordenar y crecer

Existe una gran ola de indignación popular respecto de hechos de corrupción jamás antes registrados en el país. Es positivo que se investigue, que se dilucide responsabilidades y que se sancione según corresponde. No obstante, la agenda política de un Gobierno no es exclusivamente la judicial. ¿Por qué? Porque una sentencia, por más justa y saludable que resulte para la moral cívica de un país, no genera empleo ni reducción de la pobreza. La agenda de un gobernante es justicia, sí, pero también generar las condiciones para que en el país haya mayor inversión.

Cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que la economía creció 2.25% en agosto pasado, lo que está indicando es que no se está absorbiendo la mano de obra que anualmente se incorpora a la población económicamente activa. En otras palabras, el desempleo juvenil se incrementa y, por tanto, sus salarios se deprimen aún más. La expansión económica de 2.25% de agosto pasado también precisa que el nivel de crecimiento alcanzado resulta insuficiente para mejorar la calidad de vida de más peruanos; todo lo contrario, con ese desempeño la pobreza se incrementa.

Ordenar la casa es indispensable. Cierto que el orden coadyuva, pero en sí mismo no garantiza el crecimiento. Empero, si el Gobierno no avanza en paralelo, promoviendo la inversión para generar empleo, más temprano que tarde lo avanzado en el ordenamiento y la reforma de los sistemas políticos y de justicia perderá respaldo popular. Y el riesgo de un retroceso o contrarreforma será mayor.

La historia reseña infinidad de intentos de reformas en diferentes instituciones de la República. Basta señalar que en el Perú hemos tenido 12 constituciones, y que todas ellas fueron promulgadas con la vana intención de fundar una nueva república. La vigencia de cada una de ellas demuestra la trascendencia histórica que alcanzaron. La Constitución de 1933, más allá de los interregnos producidos por la presencia de las Fuerza Armadas en el ejercicio del poder, estuvo vigente hasta 1980 (más de 46 años). Su relativa larga vida se debió también al crecimiento económico registrado durante los gobiernos del mariscal Oscar R. Benavides, el general Manuel A. Odría y las postrimerías del segundo Gobierno de Manuel Prado, cuando el Ministerio de Hacienda (hoy Economía y Finanzas) fue asumido por Pedro Beltrán.

La Constitución de 1993 tiene 25 años de vigencia. Ha registrado algunas modificaciones y regido la vida democrática durante seis gobiernos de diferentes orientaciones políticas: Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2001), Alan García (segundo mandato 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-hasta 2021); sin embargo, la estabilidad de la Carta Magna de 1993 se sustenta en hechos concretos que generaron bienestar para la población: la derrota del terrorismo, el cierre de la frontera con el Ecuador, el reordenamiento de la economía y el posterior crecimiento sostenido, que empieza a declinar en el Gobierno de Ollanta Humala y cuya tendencia todavía persiste.

Si el gobierno no quiere ser sobrepasado por las demandas sociales, una vez que decline el respaldo popular con el que cuenta en la actualidad, es el momento de relanzar la economía. Y esta requiere señales claras de que la inversión cuenta con su respaldo.