¿Nueva Ley de Minería?

 

El planteamiento del presidente de la República y de los gobernadores de la Mancomunidad del Sur de hacer una nueva Ley de Minería (la actual se dio a inicios de los noventa, cuando no había inversión extranjera en el sector), aparece en un momento de compleja lucha política y social, en la que prima el afán de destrucción del enemigo a costa de la institucionalidad y de las más elementales reglas de derecho. Para quienes están a favor o en contra, es una jugada política en la lucha por la supremacía y por resultados inmediatos. Otros ven, por fin, que se va arrancando el poder de las manos limeñas, afirmando como absolutos imaginarios mezclados con expectativas y derechos de “regiones” que son “departamentos con gobernadores regionales” dentro de la ley y del fallido proceso descentralizador.

Hay aún “plata como cancha”, fruto de la expansión de los diversos mercados —incluidos los de la cocaína, heroína, tala, contrabando y minería ilegales— y pese al grave déficit de gobierno y gestión de inversiones en bienes y servicios esenciales en esos departamentos con gobernadores regionales, así como en las municipalidades de costa, sierra y Amazonía, donde se han licuado nuestros impuestos y rentas monopólicas (principalmente mineras, del gas y del petróleo) y se han instalado pautas de cultura y comportamiento de corrupción. Son extremos de una suerte de anomia y plural irrespeto por la ley y cánones elementales de buen comportamiento en todo el país. No hablaré de excepciones, que las hay; ellas no pesan, orientan ni informan procesos legislativos bien pensados y madurados, como una nueva Ley General de Minería.

Se constatan varios puntos de vista esenciales sobre el tema aparecido aparecido apenas en segundos del último mensaje presidencial, acogido y multiplicado ipso facto por autoridades subnacionales y otros actores que, en parte asesoran, a los gobernadores y sus asociaciones hace varias décadas. Casi todos son otras miradas fundamentalistas y reduccionistas, que con visiones cósmicas previas a la expansión europea sobre el planeta en el siglo XIV (Perry), ambientales o indigenistas, sueñan con una especie de Avatar y la supresión de industrias extractivas modernas; grandes unidades interterritoriales, según Maurice Byé, sin camino viable para poblaciones indígenas cada vez más mestizas en la actual mundialización.

Quienes esto defienden nada dicen de los múltiples daños inherentes a la minería ilegal-informal. Esta posición exige cambiar la Constitución. Otros quieren igualdad de derechos reales para todo el “pueblo del Estado” para un ejercicio del derecho de propiedad como el que se tiene constitucionalizado en otros Estados. El misterio del capital y su sendero del éxito reaparece con fuerza en épocas de crisis y electorales, desde 1979 con el notable despliegue del ILD. Y está muy bien que así sea, porque en la búsqueda del bien duradero hay que “escuchar todas las campanas” como recomendaba Harvard Business Review. Esta postulación implica evidentemente un gran debate, pues polariza a la sociedad y los medios; ergo, no puede ser lograda de inmediato, pues para algunos conlleva un importante cambio constitucional (aunque no para Hernando de Soto Polar).

Hay conocidas oenegés, políticos y académicos sobrevivientes de los naufragios de varias izquierdas, que ahora son muchas por el fraccionamiento observable en sus varias ramas principales; no solo marxistas, como se repite, sino leninistas, maoístas y aun polpotianas, y otras en pugna con las citadas, de raíz socialdemócrata, demócrata cristiana y aun liberal-social, en versiones que dicen ser no dogmáticas ni totalitarias, sino inspiradas en alguna teología de la liberación o en desigual interpretación de los derechos humanos y sus aplicaciones prácticas. Las ideas centrales cobijadas en estas tendencias están centradas solo en parte en la Ley General de Minería. Mezclan asuntos vinculados a dicha ley, desde las normas voluntarias de transparencia en destino y uso de fondos, EITI, el Convenio 169 y redundante legislación nacional, hasta dejar la completa decisión de inversión en actores privados, quedando sin efecto la responsabilidad del Estado mediante el Ejecutivo. Lo que también alcanzaría a la acción del Poder Judicial; en su caso, pasando por una modificación legal y constitucional.

Una ley que ha tenido pocos antecedentes en toda la República y que demandó mucho estudio serio —legal, económico y aun social y cultural, con los intereses predominantes, cultura y conocimientos de cada época—, no puede salir de estas múltiples confrontaciones con sabor a guerras, en las que la pasividad de muchos y la hiperactividad de pocos está imponiendo al Perú polémicas —de polemos, guerra—, que pueden dar al traste con lo ganado en crecimiento. Una combinación desigual del capitalismo normado por la Constitución de 1993 con bienes y servicios elementales de seguridad interna y externa, defensa nacional, esenciales para que el país mejore su ruta, destino y andar en esta globalización fracturada. Por último, nada se dice de la tipología compleja, superpuesta, en parte cooperante y en parte contradictoria y negativa, de los varios tipos de minería en costa sierra y Amazonía; para no hablar de recursos minerales del lecho marino, que Chile y otros estados ya estudiaron (doy testimonio) ¡a fines de los sesenta!

¿Es hora de revisar los beneficios que trae la industria extractiva minera, para no referirme a otras ya citadas, que concentran estímulos y beneficios en favor de empresas mineras? Hay evidencia de serios problemas y necesidad de estudiar mejoras en el régimen tributario de la minería. Hay discusión en grupos multidisciplinarios aún con baja incidencia en asuntos de Estado, plagados de mitos y dogmas, pero con alto avivamiento social. Veamos algunos temas del core minero y convergentes esenciales, no separables para mejorar la gestión y, en su caso, la ley.

¿Es hora de pensar mantener la devolución de impuestos solo para la exportación de refinados y así reducir significativamente el volumen a transportar, con los consiguientes ahorros en fletes y reducción de la contaminación ambiental por el menor consumo de hidrocarburos? Mayor valor añadido demanda estudios serios, pero no del otro mundo, para negociar inversiones aprovechando las hasta ahora sub utilizadas ventajas del Mar de Grau, del potencial empresarial peruano y de la energía menos contaminante y todavía abundante del gas y otras nuevas.

¿Solo China puede tener interés? Como hay importantes reservas internacionales fiscales, se puede instituir un fondo de inversión administrado por COFIDE para cofinanciamiento de acuerdos de refinación. La recuperación de la inversión de empresas grandes se está dando con rapidez. Lo que podría modificar la deducción de impuestos por recuperación de inversión en los cinco primeros años de explotación a diez o más años. Esto demandaría total estabilidad política, social, económicas y no solo legal. Los aportes empresariales y del Estado, en buena parte, pueden conformar un fondo fideicomisado, basado en un planeamiento del territorio en sub regiones geoeconómicas y sociales, como ya se hizo a comienzo de los sesenta, desde Arequipa, con fondos departamentales. No distrital, ni provincial, sino más entre dos o más departamentos , como Moquegua y Arequipa. Esto sería una garantía para que no se haga humo el enorme flujo de ¡millones de dólares hasta hoy corrompidos!

Hoy los funcionarios del Estado no conviven con las poblaciones en las que hay inversiones, como los maestros rurales lo hicieron antaño. Deben hacerlo con unidad de doctrina, mando, metodología y acción desde antes del inicio del proyecto hasta el cierre de mina. Los ministros o el presidente no pueden ser la última instancia bomberil. Esto facilitaría que antes de otorgar una concesión minera se realice el consenso social duradero o la licencia de los propietarios de la superficie. El Estado debe actuar de árbitro en las negociaciones de la población con las empresas. 

Hay evidencia de malos EIA o mal socializados. Los estudios de impacto ambiental deben ser oportunamente conocidos y explicados a las poblaciones afectadas, de suerte que se logren consensos sobre su utilidad para proteger los intereses de la población. Como escribí en El Comercio hace años, un mal EIA, aun sin fraude, es un delito o grave atentado contra la población, el Estado y la buena inversión.

El Estado, y por ende la Policía Nacional del Perú, deben sujetarse a normas y buenas prácticas de seguridad y derechos humanos en empresas extractivas auspiciadas, me consta, por importantes empresas de valor mundial, así como por el organismo internacional de minas, minería y metales, académicos y Estados mineros de la ONU. El mensaje a la población es que el Estado no es un árbitro, sino un aliado de la empresa, en los casos de conflictos. También pueden hacerse PIAS carreteros y tambos multisectoriales, que también se han propuesto sin eco, en una zona más amplia que la de influencia directa, en analogía a los fluviales. Con ello se proveería de infraestructura, servicios y acciones de nivel primario de atención en seguridad ciudadana y desarrollo, no paternalismos, en la cuenca en que actúa la palanca minera inversionista.