Nuestras vías son trampas mortales

Mañana viernes 2 de febrero se cumple el primer mes de la muerte de 52 personas en la peligrosa “curva del diablo” del serpentín de Pasamayo, donde el bus en que viajaban se estrelló contra un tráiler que iba en sentido contrario, cayendo a un abismo de 200 m. La mayor tragedia desde que dicho tramo fue abierto al transporte público de camiones y buses interprovinciales.

Dicho accidente no solo generó dolor y desolación entre los deudos, también impactó fuertemente en el negocio turístico, especialmente gastronómico, del norte chico, por el temor que ha despertado la paralización de los trabajos en varios tramos de esta vía. Norvial, la empresa concesionaria, no concluye aún las 84 obras complementarias que, según contrato, debieron ser entregadas en el 2015 como parte de la ampliación y modernización del tramo Ancón - Huacho - Pativilca, inmovilizado por el escándalo de la constructora Odebrecht, socia en la obra.

Además de la decisión de emplear el serpentín de Pasamayo solo para el tránsito de camiones pesados, aún no se advierten trabajos de señalización ni de implementación de guardavías, viéndose en algunos tramos solo costales de arena al borde del precipicio. No existen ranuradoras que regulen la velocidad en ese tramo sinuoso y estrecho, que podría seguir cobrando más víctimas. No olvidemos que la Región Lima —de acuerdo a las estadísticas del MTC— es la tercera en incidencia de accidentes en carreteras, después de Lima Metropolitana y Arequipa.

Al dirigir la mirada a la realidad del transporte vial en el Perú, llegamos a la conclusión de que nos hemos quedado en el siglo pasado, con carreteras mal construidas y con escasos sistemas de seguridad. Hay obras inconclusas y muchas trochas que, en pésimas condiciones, encarecen el costo de este importante servicio, particularmente en las épocas de lluvia. Esto afecta no solo a los usuarios, también ha elevado los fletes de los productos alimenticios que se trasladan a la capital.

Urge, pues, que el MTC declare en emergencia las principales vías de comunicación del Perú, para que a todas ellas se les implemente de sistemas de seguridad vial que les permita alcanzar los más altos estándares internacionales en seguridad vial. Así evitaríamos los baños de sangre que hoy son una triste realidad en el transporte público y de carga interprovincial.

Es hora de que el Organismo Regulador de la Infraestructura del Transporte Público (Ositran) acabe con los paraderos informales en las carreteras —pese a la existencia de normas sobre el particular y que hoy son letra muerta— así como el empleo de buses con chasis de camión, que son adaptados para transportar impunemente pasajeros por las carreteras del país, generando gran incidencia de accidentes y muertes.

Es hora, también, de que la Policía de Carreteras, responsable de la seguridad en dichas vías, cumpla con sus funciones de brindar garantías a los viajeros que son asaltados con frecuencia por bandas delincuenciales, controlen los excesos de velocidad y destierren —para siempre— el cobro de coimas efectuado por algunos malos policías.

Hay que recordarle al Gobierno que tiene la obligación de construir vías alternativas a la Carretera Central y poner en marcha —cuanto antes— el Tren de Cercanías anunciado para unir Barranca, Huacho, Chancay, Lima e Ica. Pero lo más importante es que tales obras se lleven a cabo con transparencia y honradez para evitar la corrupción, pan de cada día entre las autoridades de los diferentes estamentos del Estado.

Que el accidente del serpentín de Pasamayo sensibilice a nuestras autoridades y les permita implementar una política vial y un control de carreteras acorde a los estándares de seguridad del siglo XXI. Estamos a la zaga en este aspecto si comparamos nuestra realidad con la de países vecinos como Ecuador y Chile, y ni qué hablar de otras naciones que nos llevan mucha delantera en ese rubro. Los peruanos deben contar con seguridad y confort en las carreteras, que deberían ser vías de progreso y desarrollo económico del país.