Mazamorra morada

«¿Ves lo que hace el pueblo, Bruja, el pueblo
desnutrido? Secuestra y mata por no trabajar. La
Universidad de Antioquia que para el pueblo es gratis,
que es del pueblo y para el pueblo, por el pueblo vive
en huelga desde hace veinte años. Ni estudian, ni
trabajan, ni progresan. Ni dejan estudiar, ni dejan
trabajar, ni dejan progresar. Se revuelcan en la mugre
incestuosa de sus tugurios, esperando la revolución.
Todo se lo roban, todo lo destruyen, todo lo empuercan,
y al que algo tiene lo secuestran. […]
»Todo lo han legislado, todo lo han gravado, todo lo
han inmovilizado. No se mueve la hoja de un árbol ni
sopla el viento en Colombia sin pagar un impuesto que
regula una ley. La ley es para tranquilizarles la
conciencia a los del Congreso, que creen que están
trabajando; el impuesto es para sostener algún
burócrata, que se rasca la panza inflada tras de su
escritorio, mientras con indolencia altanera les impide
al árbol y al viento volver a moverse y soplar».

Fernando Vallejo – Los días azules (1985)

 

El gobierno súbito y disfuncional del presidente Sagasti ha dejado a todos los peruanos con los crespos hechos, inclusive a la generación del bicentenario, que lo puso en el poder para ovacionarlo a través de las adictivas redes sociales. Una anécdota que ojalá nos sirva de reflexión cuando tengamos que acudir a las urnas, si es que no se le ocurre al gobierno morado encerrarnos y postergar las elecciones con el cuento de la nueva ola de Jimmy Santi, ¿o era la segunda ola del coronavirus?

Lo que sí se ha demostrado hasta la saciedad es la falta de firmeza y decisión del presidente Sagasti, pues ha dejado al país a merced de los colectivistas y vándalos más avezados, los cuales cuentan con un importante respaldo del Congreso para hacer realidad sus más anhelados sueños. Esto es, destruir la economía y la gobernabilidad del país para reivindicar al “proletariado” y al “lumpemproletariado”. 

Como buen lector de cuentos socialistas, Sagasti cree en reformas estatales que beneficiarán a los desposeídos a través de reconocimientos, privilegios y bonos especiales. No es capaz de ponerle coto a la voracidad de la bancada del Frente Amplio, pues comparten un color común: el rojo progre, desfasado y antiempresarial. Su postura endeble, teorética y multipartidaria para gobernar un país en crisis, deja sueltos a comunistas y arribistas que quieren implantar a toda costa el germen colectivista en nuestra legislación nacional, ya sea por medio de pequeñas reformas legislativas o a través de la reforma constitucional, para garrapatearla de rojo. 

Esto ha sido confirmado cuando el presidente, a través de su efímero ministro del Interior, decidió pasar irregularmente al retiro a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Del mismo modo ocurrió cuando el susodicho firmó sin vacilar la derogatoria de la Ley Nº 27360 (Ley de Promoción del Sector Agrario), cuando las masas empoderadas y dirigidas por grupos de choque comunistas presionaron a su gobierno para suprimir, de un plumazo, una ley que garantizó durante dos décadas el éxito de las agroexportaciones y el empleo de medio millón de peruanos.

El sesgo antiempresarial contra la derogada Ley de Promoción del Sector Agrario tiene su origen en la teoría marxista del valor, según la cual toda ganancia de los empresarios es producto de la explotación de los trabajadores. Es decir, según esta teoría económica espuria y caduca, quienes pasarían a ser los verdaderos creadores de riqueza serían los trabajadores y no los empresarios. Me imagino que en un irrealizable gobierno de Verónika Mendoza se nacionalizarían los medios de producción para solucionar el “problema de la injusticia social” y la “explotación del hombre por el hombre”, del mismo modo en que se viene haciendo hoy en Venezuela. 

El trastorno delirante de los comunistas, quienes jamás han trabajado en sus erráticas vidas –a menos que sea en campañas electoreras o oenegés– tiene como objetivo gravar a las empresas con onerosos impuestos hasta quebrarlas. Toman partido por cualquier política pública confiscatoria que despoje a los empresarios de sus bienes y que empodere y privilegie a los trabajadores frente a sus empleadores, ya sea a través de beneficios laborales exclusivos, sindicatos sobreprotegidos o violentas huelgas. 

¡La hostilidad hacia el empresario debe terminar ya! El marxismo es en la actualidad una ideología fallida e impracticable, independientemente de las desviaciones y extravagancias que podamos encontrar en algunas universidades y en el Congreso. El ideario marxista ha muerto y el rol empresarial está más vigente y galopante que nunca. El primero tiene como fin la creación y la perpetuación de la miseria, mientras que el segundo tiene como objetivo generar riqueza para todos, ya sean trabajadores, proveedores, consumidores o comunistas negacionistas de los beneficios del capitalismo y la libre competencia. 

Las economías más libres y prósperas se rigen por cuatro pilares: Estado de derecho, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados; de los cuales se desprenden doce indicadores (ver el Índice de Libertad Económica). De ellos, destacaré dos para el tema en cuestión: facilidad de hacer negocios y libertad de trabajo. Estos dos lineamientos deben coexistir en armonía, ya que si se descuida uno de ellos se pone en riesgo el otro. Es así que a través del Congreso debe ponderarse un régimen laboral agrario equilibrado y exento de populismos que socaven la sostenibilidad fiscal del sector y que tengan un impacto negativo sobre la inversión privada y la percepción empresarial acerca de las acciones del Estado. No debe permitirse que la burocracia irreflexiva e indolente de ciertas bancadas solo se preocupe por maximizar los beneficios laborales de los trabajadores agrarios, en detrimento del empresariado agroexportador, especialmente en los casos de la micro y pequeña empresa (mype). 

La mazamorra morada de Sagasti y su inconsistencia insuperable demuestran que en el Perú seguirá imperando el caos, mientras no se restablezca el orden público a través de la policía y las fuerzas armadas. El país estará en constante acecho mientras el presidente no enfrente con firmeza a los comunistas antisistema y a sus grupos dirigentes. Asimismo, debe afianzarse el compromiso del Gobierno con el sector privado y la sociedad, para no volver a dejar en manos de advenedizos en política económica la importante labor de legislar en beneficio de todos los peruanos.