Cesar Gutierrez
Magra inversión en eléctricas estatales
Con graves consecuencias en calidad de servicio y en tarifas
Las serias deficiencias en el servicio que tienen las 11 empresas distribuidoras de electricidad estatales que están en el ámbito del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) son de larga data, siendo el origen la falta de inversión principalmente en sistemas de transmisión en su área de concesión (Sistema Complementario de Trasmisión). Estas empresas atienden a 5.45 millones de hogares (MMC), que hacen el 61% del total nacional.
Las eléctricas citadas generan utilidades netas, sin embargo, ya es un hecho consuetudinario que las empresas bajo la tutela del Fonafe, obligatoriamente destinan parte de ellas al fisco, y lo que les queda que podría destinarse al desarrollo de proyectos necesarios, pasan por el filtro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe. El producto final es que, al cierre del 2023 se estima que las distribuidoras del ámbito del Fonafe tiene 266 millones de dólares (MMUS$) de obras que no realiza.
La dupla Fonafe-Invierte.pe monitoreada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene como consigna dos cosas: 1) que se dispongan de recursos que puedan utilizarse para cumplir anualmente con la Ley de Equilibrio Financiero, y 2) limitar los egresos como herramienta para tener cierto grado de control del déficit fiscal.
En esta lógica de gestión empresarial las eléctricas del Estado destacan por tener interrupciones de servicio bastante prolongadas. La forma de medirlas es con un índice denominado SAIDI (System Average Interruption Duration Index).
Si tomamos al grupo de empresas de distribución eléctrica más importante del Fonafe, que es conocido como Distriluz (Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro), que atiende a 2.99 MMC (33% del total nacional), su SAIDI anual promedio ponderado es de 32.86 horas, que equivale a decir que mensualmente tienen en promedio 2 horas 42 minutos fuera de servicio. Mientras que las operadoras de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias, tienen SAIDI es de 11.51 horas anuales. La inversión hace la diferencia.
La interrogante es si hay alguna posibilidad de un cambio de rumbo en la gestión estatal. La respuesta es un “no” rotundo, la tendencia es la misma desde que se creó el Fonafe en 1999 para agrupar a las empresas que no se habían podido privatizar. Las cifras hablan por sí solas revisando anualmente la Ley de Equilibrio Financiero. En 1999 se señaló que se tomarían 500 millones de soles (MMS/) de las utilidades, entre el 2020 y el 2023, se fijó tomar 400 MMS/ cada año, y para este 2024 con reciente decreto de urgencia (DU-006-2024) se ha determinado que se deberá destinar 1,400 MMS/. De mal en peor, mal endémico.
Pero más allá del perjuicio de los cortes de servicio, la salida que se ha dado para este año es atender los lugares extremos del sistema contratando generación a petróleo diésel, cuyo costo de capacidad instalada temporalmente triplica y el costo de operación cuadriplica, lo que pagan los consumidores del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Los fondos para pagar el sobrecosto consecuencia de la falta de inversión los pagamos todos los consumidores del SEIN. Esta decisión se respalda en una norma emitida el 2014 (DS-044-2014-EM), que creó un cargo tarifario denominado “Cargo Unitario por Compensación de la Confiabilidad en la Cadena de Suministro de Electricidad”. Para el período abril 2024-marzo 2025, con los valores calculados por Osinergmin (Resolución 029-2024-OS-CD) se estaría pagando 11.1 MMUS$.
La iniciativa que tenían los tecnócratas jóvenes que aparecieron en los 90, de los cuales el ministro José Arista es uno de ellos, ya se perdió, muchos siguen en el Estado, pero anquilosados, no muestran interés por plantear cosas nuevas. Ojalá al menos el titular del MEF los haga recordar tiempos pasados.
Ante un escenario como el descrito, la mejor forma de salir del problema es encargar a privados el diseño, construcción, operación y gestión de la infraestructura pendiente de construir y que cobren a las distribuidoras por la prestación del servicio. Esto se puede realizar muy rápidamente y aprovechando que Proinversion está bastante proactivo, se podría concretar rápidamente.
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